La designación de los consejeros de los Organismos Públicos Locales Electorales

RODOLFO TORRES VELÁZQUEZ

En nota previa (periódico La Razón de fecha 26 de septiembre del 2014) se argumentó que la tensión periferia-centro ha dominado por un largo periodo los procesos políticos nacionales y ha impactado negativamente la estabilidad política nacional. También se señaló que está latente el riesgo de que la reforma política electoral 2013-2014 nos inserte en esas tensiones debido a la reformulación apresurada de atribuciones locales y nacionales.

La presente entrega se ocupa de analizar dicha reforma en cuanto al proceso de designación de los consejeros de los Organismos Públicos Locales Electorales. Esta cuestión es relevante, pues atañe tanto a las tensiones referidas como a la propia naturaleza de los órganos autónomos. El análisis se hará desde la vertiente de legitimidad; bajo la asunción de que la estabilidad política se define principalmente por las dimensiones de legitimidad y eficacia.

Es sabido que hasta antes de la reforma 2013-2014 la designación de consejeros locales se llevaba a cabo por los 31 Congresos locales y por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Eran los partidos políticos, a través de sus fracciones parlamentarias, quienes procesaban esos acuerdos. Lo hacían desde una óptica política, tratando de preservar al máximo sus respectivos intereses —aunque hay que decir que también se atendía la opinión de otros actores políticos locales, entre ellos la del jefe del Poder Ejecutivo local, opinión que era predominante—, el resultado final era una suerte de equilibrio partidista en que la fuerza preponderante obtenía el mayor número de puestos en el consejo del órgano electoral. A eso se conoció como reparto de cuotas y generó la sensación de que los órganos resultantes carecían de legitimidad social.

Dichos procesos de negociación se hicieron más agudos por al menos dos causas. La primera, con origen en la propia naturaleza de los partidos cuyo objetivo final, legal y legítimo es el acceso al poder público. Ello les hace buscar de modo constante el mayor rédito político. Pero algunos partidos, con progresivo acortamiento de miras, han llegado al extremo de exigir equilibrios partidarios aun en espacios en los que no corresponde; es el caso de los órganos de Estado Autónomos encargados de la organización de los comicios. La segunda provino de la constatación de que la actuación de la autoridad electoral tiene un impacto político de magnitud diversa que afecta directamente a los intereses de los partidos, a veces fuertemente. Tal fue el caso de Pemexgate y Amigos de Fox con motivo de la elección presidencial del año 2000. Esa creciente hostilidad en los procesos de negociación derivó, en no pocas ocasiones, en que los tribunales electorales tuvieran que designar a los consejeros locales.

Cabe recordar que durante los debates de la reforma 2013-2014, de acusado enfoque centralista, se argumentó que ésta fortalecería la equidad por la vía de inhibir la injerencia indebida de los poderes locales, tanto en la integración de los consejos de las autoridades electorales como en la organización y desarrollo de los propios comicios, y que por ello era urgente quitar a los Congresos locales la atribución de designación y darla al INE.

Con base en la reforma 2013-2014 el INE ha ejecutado el proceso de designación de consejeros locales con la intención de dotar de legitimidad social a quienes resulten designados. Se establecieron etapas para asegurar candidatos con parámetros mínimos de competencia: un examen de conocimientos y el desarrollo de un ensayo presencial. La lista de candidatos a entrevistar se puso a consideración de los partidos políticos, cuyos juicios fueron ponderados en función de su objetividad. Durante el proceso de designación, diversos aspirantes y otros actores presentaron recursos legales. En todos los casos la autoridad competente dio respuesta a cada uno de los recursos. Finalmente, los resultados de cada etapa fueron sometidos al escrutinio público. Sin embargo, el desenlace en la conformación de los consejos de los órganos locales generó descontento en algunos partidos cuya intensidad hace recordar tiempos que parecían superados.

No será difícil que las condiciones apuntadas nos conduzcan a extremos adversos, a saber: incentivar la búsqueda por parte de algunos partidos de espacios centrales de negociación para la conformación de consejos locales —que no sería el INE, pues éste afortunadamente carece de atribuciones para propiciar equilibrios partidistas en dicha integración—, lo que además ahondaría la propia centralización partidista; y la erosión constante de la legitimidad de esos órganos electorales, susceptibles de acoso por quienes, desde los partidos y otros poderes políticos locales, se sientan agraviados por la conformación de esos órganos.

La reforma que viene debe hacerse cargo de establecer mecanismos que fortalezcan la autonomía de los órganos electorales alejándolos de disputas partidistas en la conformación de sus consejos y que eviten una centralización desmedida de la política nacional.

En la próxima entrega profundizaremos en el análisis de las condiciones de estabilidad en el cargo de los consejeros en los órganos públicos locales electorales.

Distritación local, reto formidable

RODOLFO TORRES VELÁZQUEZ

La reforma 2014 dio al INE la atribución de realizar la distritación en las entidades. El primer ejercicio de esta atribución, para tres de cinco casos: Baja California, Tamaulipas y Zacatecas, puede tener un eventual desenlace en la SCJN.

En el caso del INE juega a su favor su nítida facultad para determinar la distritación local establecida en el artículo 41. Las entidades, que mediante actos soberanos aprobaron anticipar la fecha de sus procesos electorales 2015-2016, tienen de su parte el artículo 105, que impide realizar adecuaciones normativas fundamentales noventa días antes del inicio de los comicios. Pero conviene detenerse en el proceso de distritación.

La distritación es relevante en la medida en que ésta determina los ámbitos geográficos de representación legislativa. En general, existen dos criterios para determinar ese ámbito geográfico, uno territorial y otro en poblacionales. En México, en el ámbito federal, ha predominado el criterio poblacional para la elección de diputados y el territorial para el caso de los senadores.

La distritación en el ámbito federal tiene el mecanismo siguiente: A partir de los resultados del censo más reciente, y dado que son 300 diputados a elegir, se procede a repartir para cada entidad el número de diputados que le corresponde sin que ninguna entidad tenga menos de dos diputados. Al interior de cada entidad se agrupan secciones electorales, que conformarán los distritos, bajo dos condiciones principales: mantener un número equivalente de habitantes por distrito y preservar el trazo del distrito como un polígono regular. El objetivo es impedir que alguna fuerza política específica se vea favorecida mediante la agregación interesada de secciones en que ésta pudiese tener mayor presencia.

En las entidades la distritación ha sido muy diferente, pues ésta tiene un origen eminentemente territorial. Para entender su mecanismo debe tenerse presente que en el siglo XIX se denominaba partido a la agregación de municipios. A cada partido le correspondía la asignación de un número determinado de diputados al Congreso local. Desde el punto de vista político ese arreglo territorial propició el beneficio directo e inmediato para los involucrados. Para los municipios, que podían obtener rentabilidad directa, política y económica, mediante su representación en el Congreso local. Para los aspirantes a legisladores, que al ofertar a los municipios eventuales beneficios veían favorecida su designación. Esos arreglos resultaban sumamente estables: por ejemplo el caso de Puebla, en que el diseño de los distritos locales perduró durante décadas.

Más allá de la sentencia que pudiese recaer en un eventual litigio ante la SCJN, para el INE es un reto formidable, en lo técnico y en lo político, la distritación local, pues debe imbuir elementos de homogeneidad en la conformación de todos los distritos locales del país y, al mismo tiempo, hacerse cargo de la profunda diversidad nacional en esa materia. A fin de cuentas, la distritación debe asegurar el principio de equidad en la contienda y que cada ciudadano esté debidamente representado.