No por mucho madrugar amanece más temprano

RODOLFO TORRES VELÁZQUEZ

La proclamación de triunfos (30 en las 12 elecciones de hace quince días), basados en resultados de las encuestas de salida, atenta contra dos principios fundamentales: el de definitividad de las etapas de los procesos electorales, y el de equidad en la contienda. En contraste, los conteos rápidos, al tener como base actas de escrutinio y cómputo de casilla, aportan un medio válido para estimar los resultados de las elecciones. Me explico.

Las encuestas de salida tienen como base la respuesta de los votantes respecto al partido o candidato por el cual votaron. La exactitud de la encuesta depende de la representatividad de los encuestados y de la verdad con la que hayan contestado. Con base en experiencias antiguas y recientes los resultados de esas encuestas, en numerosos procesos electorales, han estado muy alejadas de los resultados finales.

Por desgracia, los resultados de esos métodos se utilizan por candidatos de diversos partidos para anticipar triunfos, sin que hasta ese momento se haya contado un solo voto ciudadano. Esas proclamas agregan tensión a un proceso que ya de suyo tiene una alta carga de nerviosismo; ponen en duda la actuación de las autoridades electorales y la legitimidad de los resultados.

El artículo 111.2 de la LEGIPE establece un principio de definitividad que refiere la necesidad de que cada una de las etapas del proceso electoral deben “cubrirse y declararse firmes” antes de avanzar sobre las que les son subsecuentes. Esas etapas son (art. 208.1): a) Preparación de la elección, b) Jornada Electoral, c) Resultados y declaración de validez de las elecciones, y d) Dictamen y declaraciones de validez de la elección.

Las campañas electorales se encuadran en la etapa de preparación de la elección y es la autoridad electoral la responsable de tutelar la equidad de la contienda. Ello impone la garantía de que la celebración de los comicios se realice bajo un manto equitativo de condiciones para todos los actores involucrados. Así, el indebido uso que en su favor hacen los candidatos de los resultados de las encuestas de salida, trastoca dos principios, como ya apuntábamos: el de definitividad de las etapas, al extender sus campañas, e invadir, con ello, las etapas subsecuentes (la jornada electoral —pues aún no se han clausurado todas las casillas en el momento en que se declaran triunfadores— y la de resultados y declaración de validez de las elecciones, pues los funcionarios de las mesas directivas de casilla aún llevan a cabo el escrutinio y cómputo); y, el de equidad, al proclamar sus triunfos sobre una base incierta, que ofrece una ventaja abusiva sobre el resto de contendientes.

En contraste con las encuestas de salida, el conteo rápido posee la virtud de que al utilizar actas de escrutinio y cómputo de casilla tiene un alto grado de acercamiento con los resultados finales. Así ocurrió en los procesos electorales del 2012 y 2015, en que la diferencia entre los resultados del conteo rápido y los definitivos fue prácticamente nula. Con la ventaja de que, como han mostrado experiencias recientes, los resultados de los conteos rápidos pueden tenerse a partir de las 10 de la noche del día de la elección.

Es necesario, en consecuencia, una adecuación normativa que inhiba la publicación prematura de resultados basados en encuestas de salida.

En elecciones competidas y altamente polarizadas no conviene incrementar el riesgo de crispación y conflictividad política. A todas luces es mejor esperar los resultados más precisos de los conteos rápidos que los resultados expeditos, y muchas veces falaces, de las encuestas de salida.

¿Voto por internet, sin casilla? No, gracias. Ojos que no ven, corazón que no siente.

RODOLFO TORRES VELAZQUEZ
RODOLFO TORRES VELAZQUEZ

RODOLFO TORRES VELÁZQUEZ
¿Es conveniente el voto por internet? La respuesta inmediata es: No. Nuestro sistema político-electoral no está diseñado para utilizar este medio de votación.  Me explico.
Nuestro sistema de representación política determina ciertos atributos del voto, que se expresan en nuestra Constitución General: el voto debe ser universal, libre, secreto y directo. Es universal para que prevalezca el principio de un ciudadano, un voto; lo que materializa el principio de igualdad política. Es directo para que se refleje de manera inmediata, sin intermediación, en nuestra representación política; a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en los Estados Unidos, en que el voto popular elige electores, quienes a su vez eligen al Presidente de ese país. Debe ser libre y secreto a fin de que no haya lugar a la coerción para el votante. Es decir, para que el elector no pueda ver orientada su decisión por un tercero. La secrecía, por su parte, al imposibilitar que alguien conozca el sentido del voto ciudadano, evita que ningún elector pueda ser sujeto de represalias. Para que el voto sea libre debe ser secreto.
En el modelo de votación presencial —es decir, en que el elector acude a su casilla—, el ciudadano tiene las condiciones de privacidad e intimidad que aseguran la libertad y la secrecía de su voto (ver “Voto de mexicanos en el extranjero. Secretos: ni decirlos ni escucharlos, en La Crónica de hoy, http://www.cronica.com.mx/notas/2016/963656.html).
En el caso del voto por internet, sin casilla, la autoridad electoral está impedida materialmente para controlar el entorno en el que vota el ciudadano, pues éste puede ser ejercido desde: el hogar, la escuela, un lugar de trabajo o establecimiento público comercial. Bajo este esquema: no se puede asegurar que quien vota, sea necesariamente el ciudadano autorizado para hacerlo; no se puede saber si está siendo observado o, incluso, coaccionado. En suma, no hay garantía de que el voto sea realmente secreto y libre.
El argumento principal de quienes sostienen que el voto por internet puede ser libre y secreto, se basa en una comparación entre una transacción bancaria y el voto por internet. Señalan que, así como el ciudadano no comparte su contraseña bancaria, tampoco compartirá su contraseña para votar. Se adscribe, así, al votante la responsabilidad sobre el uso de su contraseña.
Este argumento es endeble por dos razones: la primera, porque no debe transferirse al ciudadano la responsabilidad que corresponde a las instituciones electorales, quienes están obligadas a que, en todas y cada una de sus actuaciones, y disposiciones reglamentarias y operativas, se garanticen los atributos del voto. Es decir, la custodia de los elementos necesarios para que el ciudadano pueda emitir su sufragio libremente vía internet sería obligación de la autoridad electoral (INE y Oples, en su respectivo ámbito de atribución).
En segundo lugar, porque nadie en su sano juicio compartiría su contraseña de cuenta bancaria, pues podría tener un efecto directo e inmediato sobre su patrimonio. No es el caso de las contraseñas que se emiten para ejercer el voto por internet, pues el ciudadano podría ser sujeto de amenazas, o del ofrecimiento de dádivas a cambio de la entrega de su contraseña. En caso de amenazas: ¿sería responsable legalmente el ciudadano por compartir sus contraseñas de votación? La respuesta positiva sería aberrante; a más de ser amenazado, el ciudadano sería objeto de sanción.
Sin duda debemos modernizar los procesos electorales, pero debemos hacerlo sin menoscabo de la certidumbre y la credibilidad que merecen esos procesos y las instituciones electorales.

Columna en Crónica

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La Reforma Política que viene

RODOLFO TORRES VELAZQUEZ
RODOLFO TORRES VELAZQUEZ

RODOLFO TORRES VELÁZQUEZ

Cabe recordar que la reforma política electoral 2013-2014, muy amplia y profunda, pero procesada en muy corto tiempo en su etapa legislativa final, desató un intenso debate, pues se le acusó de apostar por una visión en demasía centralista. Aunque durante su discusión en el Senado se le hicieron adecuaciones, con el afán de atemperar ese exceso, queda latente el riesgo de que esa reforma nos inserte en las tensiones centro-periferia que han dominado la historia política nacional. Es el caso, de la reformulación de atribuciones locales y las ahora nacionales.

Es relevante entonces hacer un breve repaso histórico de esas tensiones (de algunos casos particulares nos ocuparemos en dos entregas posteriores), pues ello debe abonar en favor de una nueva reforma política que vaya más allá de una mera adecuación cosmética.

Desde una perspectiva periférica, debe tenerse presente la importancia que tuvieron los municipios en la construcción de nuestro diseño político. Éstos adquirieron gran relevancia a partir de 1812; no sólo articularon a los pueblos originarios y favorecieron el surgimiento de la figura ciudadana (pues hasta ese entonces sólo existía la figura de súbdito), además fueron la base de la organización de los procesos electorales y elementos clave de los políticos. Es así que puede afirmarse que en aquella época la República se constituyó a partir de sus poderes locales.

Pero el modelo centrado en los ayuntamientos, y en los poderes locales en general, al que se acusaba de propiciar dispersión en lo político y en lo económico, sufrió múltiples embates durante el siglo XIX, de intensidad diferenciada a lo largo y ancho del país; lo que hizo del ayuntamiento de principios del siglo XX una figura casi formal, sin sustancia de gobierno. Para ese entonces se le había restado relevancia financiera y política. En el ámbito financiero la hacienda pública se administraba centralmente. En la esfera política, el poder se fue trasladando gradualmente a los ejecutivos locales y nacional, un proceso que se apoyó, en gran medida, en la figura de los jefes políticos, la cual había nacido como enlace entre los ayuntamientos y los gobernadores, pero que hacia finales del siglo XIX se fue convirtiendo en elemento de centralización política.

En el último tercio del siglo XIX tuvo lugar un importante proceso de centralización, proceso impulsado primordialmente por criterios económicos, por lo que se consideraban entonces exigencias de la modernidad. Ferrocarriles, puertos, telégrafos, industria eléctrica, legislación minera, de uso de aguas y deslinde de terrenos baldíos, con la hacienda pública por detrás, fomentaron un crecimiento económico en algunas zonas del país y la articulación de mercados regionales. Esos factores de centralización económica demandaban consensos políticos nacionales; algo que las regiones, por sí mismas, no fueron capaces de aportar. Como consecuencia, la centralización de la política fue la otra cara de esa moneda; la que provisionaba los consensos que se demandaban. Cabe señalar que hasta inicios del siglo XX la tensión centro-periferia fue el telón de fondo de múltiples conflictos armados.

Durante el siglo XX, en el que se profundizó el proceso de centralización, se establecieron equilibrios regionales y nacionales que dieron cierta estabilidad a un modelo que se proclamaba federal en lo formal y que en la práctica era profundamente centralista. En la segunda mitad de ese siglo, se llegó al extremo de que era la Presidencia de la República la que favorecía equilibrios locales en algunas entidades y quien, en caso extremo, acudía al expediente de la desaparición de poderes, figura eficaz del porfiriato, para imponer su orden en la entidad. Este sometimiento político se compensaba con la canalización de recursos financieros a las regiones.

Es interesante destacar que previo a la alternancia en la titularidad del Ejecutivo federal, ocurrida en el año 2000, ya había sucedido un profundo proceso de cambio político a nivel municipal y local, explicable en buena medida por las reformas constitucionales de los 80 y la reforma electoral de 1996, que había fortalecido políticamente a los poderes municipales, a los partidos y a los gobernadores. Los resultados electorales de esa época revelan un debilitamiento local del partido hasta entonces gobernante. Puede decirse por ello que la alternancia en la presidencia recorrió una ruta de la periferia hacia el centro.

Frente al arribo de un partido distinto a la titularidad del Ejecutivo federal en el año 2000, los ejecutivos locales, cuyo partido había pasado ahora a la oposición, impulsaron la creación de una instancia de agrupamiento (la Conferencia Nacional de Gobernadores, Conago) que entendió al federalismo como la reivindicación de la periferia frente a la preponderancia de un núcleo centralista. Este organismo fue muy eficaz para hacer contrapeso político nacional al ejecutivo federal y para mantener vigente una oposición política regional. La Conago también jugó un papel fundamental en la creciente canalización de recursos hacia las entidades federativas.

La estrategia de atrincheramiento en el espacio local-regional, aunado a la disponibilidad de crecientes recursos económicos en los estados (el 80% del gasto federal se había descentralizado), resultó exitosa para que el partido que había mantenido el poder por 71 años recuperase espacios políticos en la periferia y favoreciera su retorno al Poder Ejecutivo federal en el año 2012.

Como puede verse, la tensión periferia-centro ha dominado por un largo periodo los procesos políticos nacionales y ha impactado, frecuentemente de modo negativo, la estabilidad política nacional. En las dos próximas entregas se profundizará este análisis.