Credibilidad de autoridades electorales: Más claro, ni el agua

Rodolfo Torres Velázquez

Diversas encuestas, como la contenida en el Informe País sobre la calidad de la ciudadanía en México, publicado por el Instituto Nacional Electoral (INE), o la realizada por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados muestran que, entre el 66 y el 64 por ciento de los mexicanos, confían poco en la autoridad electoral o, de plano, desconfían de ella. Esto a pesar de la reforma electoral 2014-2015 que transformó al IFE en INE y creó un sistema nacional de elecciones, en el que convergen el INE y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) de las entidades federativas.

¿Por qué es tan relevante que las autoridades electorales, tanto las administrativas (INE-OPLES) como las jurisdiccionales (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación) cuenten con el aprecio ciudadano para el ejercicio de sus funciones? La respuesta concisa es: porque la credibilidad es el pilar sobre el que se sostienen para el desempeño de sus funciones. Me explico.

Al organizar los comicios, las autoridades electorales deben salvaguardar la equidad de la contienda. De modo tal que para la ciudadanía resulte creíble que la autoridad actúa de modo cierto, legal, independiente, imparcial y objetivo, como lo disponen los artículos 41 (fracción V, apartado A) y 134 (párrafo 7) de la Constitución General, así como el artículo 30 (numeral 2) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE).

Al sancionar conductas contrarias a la normatividad, las autoridades electorales deben velar porque los elementos de prueba que se presenten acrediten a plenitud las faltas, y que las sanciones que impongan sean proporcionales a las infracciones cometidas. Ello les obliga a sustraerse, a pesar de la estridencia de cada caso, de toda posibilidad de falta de sustento, o de denuncias frívolas. Por otro lado, las autoridades electorales están obligadas a sancionar con firmeza, a quienes se acredite hayan actuado con dolo o hayan violado la ley de modo grave, pues de no hacerlo dejarían resquicio a la impunidad. Deben aportar, además, argumentos convincentes de que sus resoluciones obedecen a criterios justos.

Uno de los momentos cruciales de los procesos electorales es el de la declaración del triunfador. En ese momento, la autoridad electoral debe hacer verosímil que el voto se ha ejercido de modo universal, libre, secreto y directo, personal e intransferible, como lo establecen la fracción I del artículo 41 constitucional y el artículo 7 numeral 2 de la LGIPE. Debe hacer patente que en la determinación de la validez o nulidad de los votos ha observado lo dispuesto en los artículos 290, numeral 2, y 291, numeral 1, inciso a de la LGIPE, donde se establece, como regla general, que se contará como voto válido, la marca que haga el elector en un solo cuadro que contenga el emblema de un partido político, o bien en uno o más cuadros que contengan los emblemas de partidos políticos coaligados. Asimismo, que han sido sancionados quienes hayan utilizado recursos de procedencia ilícita, como lo disponen los artículos 380 numeral 1, inciso b, 446 numeral, 1, inciso e; o hayan rebasado los topes de gastos, según lo dispuesto en los artículos 41 fracción VI, párrafo tercero, constitucional y 229, numeral 4 de la LGIPE.

Pero el mayor reto consiste, sin duda, en la tarea que corresponde a las autoridades electorales de demostrar con toda legitimidad que los triunfos y derrotas han ocurrido del modo en que lo han mostrado, pues los contendientes y la sociedad están en su derecho de demandar que se compruebe el debido sustento de los resultados. Así, no basta con mostrar que la suma de los votos plasmados en las actas favorece a determinado candidato; no es tampoco suficiente el reconteo de votos; es indispensable que la autoridad cuente con todos los elementos necesarios y suficientes para acreditar que, a lo largo del proceso, se ha actuado con apego a lo dispuesto por la ley.

Por demás está decir que la credibilidad de las autoridades electorales tiene un desgaste natural, pues deben afrontar los cuestionamientos continuos y permanentes respecto a su actuación o su omisión por parte de los diversos actores políticos que oponen su credibilidad a la de las autoridades.

Una baja o nula credibilidad de las autoridades electorales tiene, también, un impacto considerable en la propia legitimidad de las autoridades que resultan electas y, consecuentemente, en su capacidad para el ejercicio de gobierno. Creer en la validez de los resultados de las elecciones es creer también, en buena medida, en la legitimidad de las autoridades electas.

Para preservar y acrecentar la credibilidad no es necesario que las autoridades electorales se sometan a exigencias, aun si éstas son planteadas de forma impetuosa, de grupos mayoritarios o minoritarios, o de los llamados poderes fácticos. Es suficiente que puedan explicar, de modo convincente las razones de sus determinaciones y mostrar que éstas poseen fundamentos jurídicos y técnicos sólidos, y que satisfacen el interés colectivo. De ahí que la labor pedagógica de estas autoridades sea piedra angular para su eficaz desempeño.

Es decir: a mejor rendición de cuentas de las autoridades electorales mayor será su credibilidad, y mayor será también la legitimidad de los gobiernos electos.

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columna publicada en crónica.

 

Presentación de Propuesta a Constituyentes de la Ciudad de México

El pasado 21 de septiembre se presentó a Diputadas y Diputados Constituyentes una propuesta de adecuación al Proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México, con el objetivo de otorgar al Instituto de Planeación de la Ciudad de México, el carácter de organismo autónomo e independiente de la administración pública local.

La presentación estuvo a cargo del Dr. Rodolfo Torres Velázquez, quien en su carácter de Presidente del Centro de Estudios de la Ciudad de México A.C., expuso la importancia de esta modificación, al “alejar el tratamiento de los temas estratégicos de la ciudad de la lucha política coyuntural”. También señaló que “para que la planeación sea eficaz, ese Instituto no debe depender jerárquicamente del Jefe de Gobierno, ni de ningún otro poder local. Lo contrario convertiría a ese organismo en dependiente de la administración central pues, aún con autonomía técnica y de gestión, pero bajo la figura de un organismo descentralizado, se subordinaría a esa administración centralizada”.

Adicional a esta propuesta de modificación, se manifestaron preocupaciones sobre que al cumplir 16 años las personas adquieren el derecho al sufragio y el establecer que las candidaturas sin partido tengan el derecho a la asignación de curules por el principio de representación proporcional.

Al evento asistieron las Diputadas Constituyentes María Fernanda Bayardo, Esthela Damián y Alejandra Moreno Toscano, quienes argumentaron en torno a los temas planteados.

 

Constitución de la CDMX: mejorar la calidad de vida de todos

RODOLFO TORRES VELÁZQUEZ

El 15 de septiembre de este año se instaló formalmente la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Ese mismo día el Jefe de Gobierno entregó su Proyecto de Constitución Política. Será éste el punto de partida para que las y los Diputados Constituyentes cumplan con su misión de dotar a esta ciudad de su ley suprema, misma que deberá propiciar: la convivencia civilizada entre sus habitantes, la generación de condiciones para que se materialicen las expectativas de una vida mejor y, afrontar con éxito los retos que aseguren la sustentabilidad de la ciudad.
Para dimensionar esos desafíos, baste decir que, en 1960, la mitad de la población mexicana vivía en las ciudades, hoy lo hace el 80 por ciento; su consecuencia inmediata ha sido que los retos en materia de agua, drenaje, transporte, medio ambiente y seguridad sean más complejos. Por ejemplo, según estudios del Banco Mundial y la Conagua, si no hacemos algo, en 15 años sólo la mitad del agua del Valle de México estará asegurada.
Para afrontar esos retos es urgente planear el desarrollo de la ciudad. Una buena noticia es que el Proyecto de Constitución prevé la creación de un Instituto de Planeación; lo malo es que no le otorga autonomía plena.
El tema es relevante, pues es indispensable alejar el tratamiento de los temas estratégicos de la ciudad de la lucha política coyuntural, en ocasiones frívola. Los problemas que enfrentamos son de tal magnitud y complejidad, que no pueden improvisarse soluciones cada tres o seis años, con cada cambio de gobierno. Requieren de: instituciones sólidas, consensos políticos y sociales firmes, e inversiones cuantiosas, que deben ejercerse de modo transparente y honesto. Estos temas deben ser tratados con visión de Estado, con perspectiva de largo plazo y con enfoque sustentable.
Cabe mencionar que, ese Instituto de Planeación deberá integrar un Sistema de Información Estadística y Geográfica, en consecuencia, sus servicios irían más allá de los que pudiera aprovechar en exclusiva el gobierno de la ciudad; son de utilidad para la sociedad en su conjunto. Atendería una función primaria como lo es reunir datos y emitir información veraz y objetiva sobre la realidad de los habitantes de la Ciudad de México. Por ese motivo, esas cifras económicas y sociales no pueden estar sujetas a sesgo o “maquillaje” alguno en favor del interés de cualquier gobierno en turno.
Pero, para que la planeación sea eficaz, ese Instituto no debe depender jerárquicamente del Jefe de Gobierno, ni de ningún otro poder local. Lo contrario convertiría a ese organismo en dependiente de la administración central pues, aún con autonomía técnica y de gestión, pero bajo la figura de un organismo descentralizado, se subordinaría a esa administración centralizada.
Es por ello que, para articular las soluciones que le urgen a la Ciudad, es importante y necesario que el organismo de planeación sea autónomo y es prioritario elevarlo a rango constitucional pues, como lo ha dispuesto la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación para el caso federal, la naturaleza autónoma de los organismos debe estar establecida en la propia Constitución.
De igual forma, es menester manifestar preocupación acerca de otros dos temas. El primero se refiere a lo establecido en el artículo 29 numeral 3 del Proyecto de Constitución. Este dispone que al cumplir 16 años las personas adquieren el derecho al sufragio. Como se sabe, la Constitución General establece que sea a los 18 años. Por otra parte, el derecho al sufragio es uno de los signos distintivos de la ciudadanía. Sin embargo, en el proyecto constitucional no se precisa si con ello se otorgaría a esas personas una ciudadanía plena, es decir, con todos sus derechos, obligaciones, y con todos sus efectos jurídicos.
El segundo tiene que ver con la integración del Congreso de la Ciudad, previsto en el artículo 34; en particular con lo dispuesto en el inciso a), numeral 1, de su apartado B. Ahí se establece que las candidaturas sin partido tendrán derecho a la asignación de curules por el principio de representación proporcional. Si bien la propuesta tiene la virtud de intentar atajar la inequidad en la que se encuentran las candidaturas sin partido, lo hace de un modo que puede tener efectos colaterales contraproducentes.
Cabe recordar que en el rubro de representación proporcional el elector vota por listas. A esa lista de candidatos los cohesiona su pertenencia a un mismo partido, pero, sobre todo, suscriben una misma Declaración de Principios y un mismo Programa de Acción. En contraste, a los Candidatos Sin Partido: no los cohesiona una misma organización, no suscriben la misma Declaración, ni tienen un mismo Programa. ¿Cómo agruparlos entonces en una lista de individuos que no necesariamente tienen algo en común? De mantenerse la redacción actual puede favorecerse el surgimiento de Asociaciones Políticas de Candidatos sin Partido, es decir, un tipo sui generis de partido político, sólo con existencia para procesos electorales.
La Constitución Política de la Ciudad de México es un asunto de interés público. Todo ciudadano de esta ciudad debe estar informado y tomar parte en ese debate pues, no siempre tenemos la oportunidad de participar en asuntos que determinan nuestro entorno político, social, económico y cultural.

COLUMNA EN CRÓNICA