Voto secreto y libre: la mula no era arisca

RODOLFO TORRES VELÁZQUEZ

Hay quienes han planteado que si todos supiéramos por quien votó cada ciudadano —es decir si el voto fuese público en vez de secreto— se evitaría el fraude a la hora de contar los votos. El planteamiento es interesante por dos razones. La primera, porque poner en duda —de modo fatalista— la credibilidad de las autoridades electorales, genera cuestionamientos sobre la secrecía del voto. La segunda, porque llama nuestra atención respecto del vínculo que existe entre la libertad del voto y la confianza en la institucionalidad electoral. Me explico.

¿Por qué debe ser secreto el voto? Debe serlo, primero, para impedir que se denigre al votante que haya escogido una opción diversa a la que haya elegido la mayoría en su comunidad. Segundo, para impedir la presión que pueda ejercer el entorno familiar, laboral, escolar o religioso. Finalmente, para proteger al elector frente a un poder autoritario que, al conocer el sentido opositor de su voto, lo castigue.

En democracia, es indispensable garantizar que todo ciudadano, con independencia de su estrato socioeconómico, nivel educativo o sexo, pueda elegir a sus gobiernos mediante la celebración de elecciones libres y equitativas. Esto conlleva la obligación del Estado de garantizar que no se ejercerá coacción alguna sobre el elector al momento de votar por la opción que haya considerado más satisfactoria de la oferta política. Para votar en libertad es indispensable que el voto sea secreto; lo contrario equivaldría a debilitar uno de los soportes fundamentales del régimen democrático representativo.

Reitero, que voto secreto significa que nadie pueda observar al elector al momento en que ejerce su derecho al voto. La precisión es importante pues quienes, por ejemplo, abogan por el voto por Internet argumentan que, bajo ese mecanismo, al ser anónimo frente a la autoridad electoral, el voto cumple con el requisito de secrecía. Eso es falso, pues de lo que se trata es que el vínculo entre el sentido del voto y el emisor del mismo sea secreto frente a todos, no sólo de cara a la autoridad electoral.

Este contraste, entre secrecía y anonimato, permite observar que si el voto es secreto imposibilita de facto que alguien conozca el sentido del voto ciudadano, pues al no ser observado por nadie, se inhiben las condiciones para que la decisión del elector pueda estar orientada por un tercero. Por el contrario, cuando el voto sólo es anónimo ante la autoridad electoral, no se ofrecen las condiciones suficientes para inhibir la posibilidad de que un tercero coaccione al elector al momento de su decisión, dado que no se garantiza que en el momento de ejercer  su derecho a votar, el elector no sea observado.

El segundo argumento nos permite insistir en la relevancia que tiene, para el sistema democrático, la credibilidad en las autoridades electorales. Es un hecho que el elector, después de haber depositado su voto, sólo puede acudir a la confianza en la autoridad electoral de que su voto será contado efectivamente. Ello queda de manifiesto, en uno de los momentos cruciales de los procesos electorales: el de la declaración del triunfador. En ese punto, la autoridad electoral debe hacer verosímil que el voto se ha ejercido de modo universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible, como lo establecen la fracción I del artículo 41 constitucional y el artículo 7 numeral 2 de la LGIPE. También debe demostrar, con toda legitimidad, que los triunfos y derrotas han ocurrido del modo en que lo declaran. No basta con señalar que la suma de los votos plasmados en las actas favorece a determinado candidato; no es tampoco suficiente el reconteo de votos; es indispensable que la autoridad cuente con todos los elementos necesarios y suficientes para acreditar que, a lo largo del proceso, se ha actuado con apego a lo dispuesto por la ley y que el sufragio ha sido efectivo.

Por otra parte, una baja o nula credibilidad de las autoridades electorales tiene un impacto negativo en la decisión del elector para acudir a las urnas o abstenerse. Así lo muestra el Informe País sobre la calidad de la ciudadanía en México, publicado por el Instituto Nacional Electoral (INE), cuando afirma que “la confianza en la autoridad electoral tiene un efecto positivo sobre la participación electoral”. Es plausible, en consecuencia, afirmar que la credibilidad y confianza en las autoridades electorales son factores que impactan directamente en la decisión del elector para acudir a votar.

Finalmente, creer en la validez de los resultados electorales es, también, creer en la legitimidad de las autoridades electas.

En conclusión, la desconfianza en la autoridad electoral puede erosionar la convicción respecto de la importancia de votar en libertad. Por ello, debemos acrecentar su credibilidad; también para que el voto siga siendo secreto y libre.

Posdata. Este 2 de diciembre presentaré mi libro El voto en democracia: presente y futuro, en el marco de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara. La cita es en el Salón B del Área Internacional de la Expo Guadalajara, a las 11:00 horas. Con el afán de despertar su interés, el libro aborda, entre otros temas, el relativo a las dificultades que ofrece el voto por Internet para preservar  la secrecía y libertad del voto.

 

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Gobernabilidad: Nadie se basta a sí mismo

RODOLFO TORRES VELÁZQUEZ

En regímenes democráticos representativos, el acceso al poder se alcanza a través de la celebración de elecciones libres y equitativas (que en nuestro caso organizan el INE e Institutos Electorales Locales). En ellas se confrontan programas, planes, preceptos ideológicos y hasta, cada vez más frecuentemente, fisonomías de candidatos. Esa confrontación permite a los ciudadanos elegir la opción que consideran más satisfactoria de toda la oferta política. La decisión mayoritaria sintetiza la suma de voluntades individuales que otorgan el poder de gobernar a sus representantes electos.

Al otorgar ese poder de gobierno, el ciudadano tiene expectativas; pretende que: se protejan sus derechos; se garantice su seguridad personal, familiar y patrimonial; se generen condiciones que mejoren su calidad de vida; se actúe con justicia atendiendo con equidad las necesidades de todos. En suma, espera que la acción del gobierno sea eficaz y legítima.

Para que sea eficaz, es indispensable que el gobierno cuente con los recursos y los instrumentos normativos e institucionales que le permitan cristalizar las expectativas de la población. Sin embargo, aun cumplidas estas condiciones favorables, dicha eficacia se ve fuertemente comprometida, principalmente, desde dos flancos. El primero, causado por la inherente complejidad que representa la provisión de bienes y servicios en entornos que –como el actual– se caracterizan por aguda escasez y pronunciada desigualdad. El segundo, resultado de las condiciones que, en el proceso de creciente globalización, producen erosión sustancial a la capacidad de los gobiernos nacionales para formular y desarrollar políticas propias en materia económica y social. Esta ineficacia gubernamental (sumada, por supuesto, la corrupción e impunidad) es germen de desencanto democrático y obstáculo de su legitimidad.

Por otro lado, para que la democracia sea legítima, es imprescindible que el ejercicio de poder esté basado en la aceptación social. El triunfo legal de un partido político o candidato es, sin duda, una precondición de ello; pero, por sí misma, no garantiza el ejercicio legítimo del poder. La aceptabilidad ciudadana respecto al ejercicio de gobierno, es también clave de su legitimidad. Un gobierno legítimo  cuenta con la adhesión de la ciudadanía; no con su obediencia.

Por otra parte, la estabilidad es una condición necesaria para el buen rendimiento de las instituciones y la gobernabilidad del sistema, en especial, de cara a la aparición o agudización de condiciones de crisis del sistema político. Si la acción de gobierno es eficaz y legítima, la gobernabilidad se facilita. En caso contrario, se impulsa un círculo vicioso en el que se menoscaba la capacidad gubernamental para atender las demandas sociales y la gobernabilidad se fragiliza.

En regímenes democráticos, representativos, de carácter presidencial, con división de poderes, como el nuestro, el Poder Ejecutivo cuenta con un conjunto de instrumentos para la administración eficaz del gobierno. Éste abarca: la presentación de iniciativas legislativas preferenciales; el veto presidencial respecto de legislaciones contrarias a la acción de gobierno; y la construcción de mayorías legislativas para dar viabilidad a las políticas y decisiones gubernamentales.

Este último ha constituido la respuesta más visitada  frente a las diversas crisis de gobernabilidad de los regímenes presidenciales en general. Pues no sólo permite que la acción de gobierno sea eficaz, al generar condiciones de estabilidad política y social; sino también que sea legítima, al buscar que se sumen a la acción del gobierno un mayor número de voluntades que están representadas en las Cámaras del Congreso.

Sin embargo, las tendencias electorales marcadas por los pronósticos de los resultados de la elección 2018, prefiguran una votación dividida por tercios, en que ninguna fuerza política será, por sí misma, mayoritaria en las cámaras de diputados y senadores. Ello puede repercutir en la eficacia del gobierno que resulte electo de ese proceso comicial y, en consecuencia, se puede deteriorar la ya de por sí agobiada gobernabilidad del país. Ese escenario sería sin duda peligroso, particularmente ahora, a la luz de los retos que arrojan los resultados de la elección de los Estados Unidos; el entorno económico mundial, que hace prever un crecimiento débil –quizá incluso negativo– del Producto Interno Bruto; y un entorno social y político en el que la crispación no amaina.

Por todo ello, son meritorias las propuestas que aspiran a hacer más eficaz la acción de gobierno mediante la construcción de mayorías legislativas estables en las cámaras de diputados y senadores. Es cierto que esas propuestas se formulan ahora en el marco de reformas más amplias que tienen como eje la realización de una segunda vuelta para la elección de la Presidencia del 2018 (no me detengo ahora a analizar los potenciales efectos de la propuesta de acudir al mecanismo de la segunda vuelta, pues amerita un tratamiento especial por cuenta propia).

Sin embargo, al margen del contexto en que se proponen, esas mayorías han de ser estables a lo largo de la legislatura  para que propicien la eficacia a que se aspira. Eso implica que deben ir más allá de acuerdos coyunturales. Se requiere, entonces, desde luego, de un Plan de Gobierno que las articule, las cohesione y las comprometa. Pero, además, se requiere que las mayorías se hagan cargo del efectivo cumplimiento del Plan y de sus potenciales consecuencias –sean éstas positivas o negativas–.

Lo deseable es que ese plan de gobierno atienda efectivamente a las expectativas de la población. Sólo así se fortalecerá la gobernabilidad del país; y de ello depende, cardinalmente, la armonía social.

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