Designación de consejeros electorales: Nunca es tarde para bien hacer

Aunque el proceso de designación de consejeros electorales del INE no ha concluido aún, se ha finiquitado ya una de sus primeras y fundamentales etapas. El Comité Técnico de Evaluación ha determinado, tras ésta, la integración de tres quintetas con los nombres de los aspirantes que estimó idóneos.

Desde la perspectiva privilegiada que me brinda el hecho de haber participado en la primera etapa evaluativa, puedo formular un balance del proceso hasta el momento.

Conviene tener presente que por disposición constitucional, publicada el 10 de febrero de 2014, en su artículo 4, base V, apartado A, incisos a y b, se estableció el procedimiento de designación de los consejeros electorales. Esa reforma agregó, a la entonces disposición vigente, el corroborar mediante instrumentos más especializados, el cumplimiento de los requisitos de competencia técnica (anteriomente, además del cumplimiento de los requisitos legales, sólo se consideraba la negociación política en el proceso de designación). Es por ello que la reforma dispuso la creación de dicho Comité Técnico, cuya tarea primordial sería la de evaluar la idoneidad de los aspirantes.

En el proceso de que me ocupo, este mecanismo de evaluación agregó un elemento novedoso, diverso al utilizado en 2014 para la designación de los primeros integrantes del Consejo General del INE. A propuesta del citado Comité la Junta de Coordinación Política (Jucopo), aprobó una metodología que aspiró a fortalecer la vertiente técnica para ponderar la ideoneidad de los aspirantes. Aunque ésta tuvo la virtud de establecer un piso mínimo de conocimientos técnicos, su implementación no estuvo exenta de errores. Identifico tres: dos relativos al procedimiento, y uno de operación. Todos ellos, a mi juicio, podrían subsanarse para mejorar procesos subsecuentes.

El primero consiste en que la metodología se elaboró y emitió (6 de marzo de 2017) con posterioridad a la publicación y cierre (3 de marzo de 2017) de la convocatoria. Ello ocasionó inconsistencias entre ambos documentos. Por ejemplo, el rubro de Experiencia y habilidades en participación en cuerpos colegiados, que se contempla en la metodología como uno de los aspectos de la evaluación documental, no fue parte del formato de hoja curricular que se emitió con la convocatoria. Lo que impidió a los aspirantes reconocer oportunamente la necesidad de su consignación y el lugar de su relevancia en el expediente respectivo.

El segundo error, de mayor impacto, tiene que ver con las entrevistas. La metodología señalaba que El puntaje obtenido en la entrevista será un elemento que orientará la decisión del Comité, pero no será un criterio definitorio. Sin embargo, en los hechos, no parece haber funcionado de ese modo. Uso mi caso, como ejemplo, en tanto es el único que conozco. En el examen obtuve el segundo lugar en cuanto a número de aciertos; en la calificación final, previa a la entrevista, alcancé el séptimo lugar general. Si la entrevista no era un criterio definitorio: ¿Qué criterios se aplicaron para la inclusión de los 15 aspirantes considerados en las tres quintetas? Nunca lo sabremos. El Comité publicó su selección sin dar cuenta de las ponderaciones ni hacer públicos los criterios que condujeron sus decisiones. Con independencia del caso particular que refiero, esta disposición abrió un boquete de discrecionalidad que minó la certeza esperada para el proceso de evaluación técnica.

El tercer error, de no menor envergadura, fue el de la filtración a la prensa de las quintentas, antes de que éstas fueran conocidas por la Jucopo.

Por desgracia, esos errores han sido utilizados para, por un lado, descalificar al Comité en su conjunto; por otro lado, para desacreditar el proceso de evaluación. No obstante, pienso que no sólo es lamentable la desautorización general del Comité; es, además, en muchos sentidos, injusta. La trayectoria de varios de sus integrantes es intachable. Tengo referencias directas, por ejemplo, del ex magistrado José de Jesús Orozco Henríquez, propuesto por la CNDH, cuya carrera profesional y en el servicio público es, me consta, irreprochable.

Tampoco creo que sea adecuada la desautorización total del proceso de evaluación, a pesar de los errores que he señalado. Sobre todo, porque observo en las quintetas perfiles altamente profesionales, tanto de hombres como de mujeres, que cuentan con méritos propios, y que no han basado sus trayectorias en el apoyo determinante y exclusivo de partidos o actores políticos. Entre ellos pueden destacarse el ex magistrado del TEPJF, Flavio Galván Rivera; la ex consejera del IEDF, Carla Humphrey Jordan, y la ex presidenta del IEDF, Claudia Zavala Pérez. Tres perfiles ejemplares de cuyas carreras profesionales he sido testigo cercano.

Acepto, aunque no comparto, que es lugar común satanizar a quienes, a pesar de tener un perfil profesional destacado, cuentan con la simpatía de alguno o varios partidos. La Constitución dispone que para ser designado consejero electoral debe alcanzarse el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados. Salvo candidez incurable, es inconcebible que alguien pueda imaginar posible el alcanzar ese volumen de apoyos sin el beneplácito de los partidos a los que se adscriben las fracciones parlamentarias de la Cámara. Tampoco comparto la idea de que quienes, a pesar de contar con perfiles profesionales destacados, resulten demeritados por no contar con el asentimiento de los partidos políticos.

Es un hecho que, a ojos de los partidos, en el ejercicio de la autoridad electoral existen componentes de naturaleza política que afectan sus intereses. Ello plantea un dilema respecto al adecuado balance entre la capacidad técnica y el capital político que debieran tener las y los consejeros.

A mi juicio, ambos atributos son indispensables y su adecuado balance debería mantenerse, permanentemente, por encima de intereses partidistas. Nada más, pero nada menos, que como se espera de todo funcionario al servicio del Estado.

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Retos institucionales y políticos de la elección 2018. El tiempo vuela

Para efectos prácticos, la elección presidencial de 2018 ha iniciado. Se publican encuestas, se destacan los actos de quienes han manifestado su intención de contender por el cargo, se reacciona ante cada declaración de los aspirantes, y las contiendas locales, en particular la del Estado de México, se analizan con la mira puesta en las elecciones del año próximo.
Para tal ambiente político y clima de la deliberación pública, poco cuenta que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) marque el próximo mes de septiembre para el inicio del proceso electoral y la jornada comicial esté programada para el primer domingo del mes de julio de 2018; según los artículos transitorios 2° de la Constitución y 11 de la Legipe.
Con excepción de Baja California y Nayarit, treinta entidades de la República celebrarán la elección de al menos un cargo local de elección popular en la misma fecha de la elección federal para la renovación de la Presidencia de la República, el Senado y la Cámara de Diputados.
Es, desde el punto de vista técnico, la elección más compleja en la historia del país. En una perspectiva política, representa la mayor concentración de disputas por el poder. Constituye, por lo tanto, un cúmulo de retos incrementados para el Instituto Nacional Electoral y sus similares de las entidades federativas. Veamos algunos.
De acuerdo con la Legipe, el INE tendrá a su cargo la recepción de la votación popular en todo el país, tanto de las elecciones federales como de las locales. Ello hace aún más delicados los trabajos para determinar los lugares en que se instalarán las casillas. Al operarse en un esquema de casilla única, los representantes de partidos y candidatos prácticamente se duplican. No será sencillo localizar lugares con la amplitud suficiente para disponer las urnas y mamparas de modo que se garantice la secrecía del sufragio y además pueda ejercerse el derecho de vigilancia de un número superior de representantes. Por fortuna, hay buen número de entidades que ya habían venido celebrando elecciones concurrentes, de modo que la dificultad básicamente se concentrará en las que se incorporan a este esquema.
Debido al crecimiento natural de la población en edad de votar, es decir del padrón electoral y la lista nominal de electores, los funcionarios de la Mesa Directiva de Casilla serán un número de ciudadanos superior que en el pasado. Pero resulta que la disposición ciudadana para recibir el voto de sus vecinos pareciera haber menguado. Cada vez son más numerosas las renuncias a cumplir esta responsabilidad constitucional, aduciendo motivos de salud, de trabajo, o de otra índole. Los capacitadores-asistentes electorales deberán hacer un esfuerzo aún mayor de convencimiento.
Por añadidura, la casilla única implica que, en la propia votación y en el escrutinio y cómputo, los funcionarios de la Mesa Directiva tengan presente la distinción entre las elecciones federales y la local. La situación es variada en todo el país. En algunas entidades, los ciudadanos recibirán cuatro boletas electorales, pero en la Ciudad de México, por ejemplo, las casillas recibirán la votación para seis cargos de elección popular, los tres federales y además para Jefe de Gobierno, Diputados del Congreso de la Ciudad de México, y Alcaldías.
Téngase presente que, en las elecciones concurrentes de 2015, contendieron 2,667 candidatos federales y 12,160 locales. Esas cifras crecerán significativamente, al incorporarse otras entidades que otrora celebraban comicios en una fecha distinta.
Esta diversidad de cargos en disputa y el elevado número total de ellos en todo el país, representará una exigencia aún mayor para la función fiscalizadora a cargo del INE. En 2015, debieron revisarse 20,174 informes de campaña. Para 2018 esa cifra alcanzará no menos de 25 mil informes de ingresos y gastos de los candidatos, sin contar los correspondientes a las precampañas y cuyo número depende del método de selección interna de candidatos que haya empleado cada partido.
El desafío no sólo tiene que ver con el cúmulo de trabajo, sino con el ambiente político que se prefigura. Debido a que el rebase de topes de gastos de campaña o el uso de recursos de procedencia ilícita constituyen causales de nulidad de la elección, el número de quejas por el uso y abuso de recursos económicos tiende a crecer en cada elección y la de 2018 no será la excepción.
En ocasiones, los candidatos buscan para sus adversarios la sanción de la opinión pública, más que la de la autoridad. Ello incrementa la presión para que el INE resuelva las quejas en materia de fiscalización de manera expedita y, sobre todo, escrupulosa y convincente. Adicionalmente, los dictámenes de fiscalización deben emitirse en el brevísimo plazo de 37 días. Obviamente, las acusaciones de rebase poblarán el ambiente político y, sin acreditarlo, se aludirá a que la fiscalización es ineficiente o de plano parcial.
El reto más importante, porque en él se expresa la eficacia de todo el trabajo técnico desarrollado, es la emisión oportuna y certera de resultados. El escenario político de inusitada tensión política que desde ahora se prefigura en la convocatoria a las urnas, se combina con resultados de la votación donde los ganadores lo son por un margen estrecho. Podremos esperar un alto número de recuentos de votos.
Todo lo anterior exige del INE no sólo trabajos suplementarios e incrementados, sino una más consolidada calidad técnica en ellos. Sólo así logrará preservar la confianza ciudadana en que su voto cuenta y se cuenta bien.

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Modelo de financiamiento político. Dinero ahorrado, dos veces ganado

Dr. Rodolfo Torres Velázquez

Los partidos políticos y el financiamiento público que reciben son, nuevamente y con intensidad, motivo de cuestionamiento. Múltiples voces se pronuncian por su disminución, incluso, por su supresión. Estas posturas se ven favorecidas por el creciente desafecto ciudadano hacia los partidos políticos y por un destacado desequilibrio de las finanzas públicas nacionales.

Con independencia de la visión ideológica o concepto de democracia que anima tales planteamientos, es imperativo ajustar el modelo de financiamiento público, local y federal, habida cuenta de que la aplicación de disminuciones intuitivas o dictadas por la mera coyuntura distorsiona la equidad entre los partidos y amenazan la construcción democrática.

El modelo mexicano de financiamiento político, inaugurado con las reformas constitucionales de 1994 y 1996, representó un factor fundamental para la construcción de un sistema de partidos efectivamente competitivo y para propiciar condiciones de equidad entre ellos, de cara a las contiendas electorales.

La transición mexicana a la democracia habría sido mucho más ardua si los partidos no hubieran contado con recursos económicos relativamente equilibrados. De ahí que cualquier valoración respecto del modelo mexicano de financiamiento político exija atender su funcionalidad sistémica, sus efectos en el régimen de partidos y su contribución a la competitividad y equidad electoral.

Es necesario tener en cuenta que el modelo de financiamiento político vigente es el único rubro del presupuesto de egresos de la Federación que no sólo se encuentra constitucional y legalmente garantizado sino que, además, se incrementa año con año, debido al natural e inevitable crecimiento de sus factores de cálculo, al embarnecimiento del padrón electoral y al valor de la Unidad de Medida y Actualización (hasta hace poco, el salario mínimo). Baste consignar que, tan sólo en el periodo 2007-2015, los partidos políticos recibieron recursos económicos por un monto de casi 28 mil millones de pesos ($27, 976, 505,371.14), por parte del erario.

Paradójicamente, no se han apreciado, desde entonces, mejoras sustanciales ni en su patrimonio, ni en sus capacidades operativas. Sus publicaciones han sido escasamente distribuidas; su desvinculación con la sociedad se ha revelado creciente y su desempeño electoral aparenta estar basado más en las cualidades personales de los candidatos y en la atención a factores circunstanciales, que en la optimización de los diseños de sus campañas o en la mejora de la capacidad de sus estructuras electorales.

Si bien, modificar los factores del cálculo para la asignación de los recursos del erario a los partidos requeriría de una reforma al artículo 41 constitucional —algo que, a todas luces, se revela complejo y poco expedito— existen mecanismos disponibles que merecen ser considerados, al menos, en el registro de la atención al problema en el corto plazo. El artículo 116 constitucional no establece método alguno para el cálculo del financiamiento local. Éste descansa en el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos, que replica la fórmula federal. Desde 2014 —año en que se dispuso el súbito y, en algunos casos, desmedido incremento—, el peso del financiamiento a los partidos recayó en la hacienda pública de las entidades federativas, no obstante la conciencia de que ésta no es siempre boyante y de que, desde hace tiempo, arrastra vacilaciones presupuestales extraordinarias que ponen en jaque el equilibrio deseable entre el gasto corriente y el de operación.

El caso es que, dado el monto de egresos que ha alcanzado el gasto destinado a la política, tanto en las actividades cotidianas de los partidos como en las campañas electorales, es ingenuo pensar en un retorno espontáneo y afable a las prácticas de autofinanciamiento que, hasta 1994, hacía de los recursos aportados por los militantes y simpatizantes de los partidos la principal fuente de su financiamiento. Es perfectamente previsible que una disminución precipitada de las aportaciones públicas terminara favoreciendo que los intereses económicos impusieran agendas a los partidos por la vía del financiamiento.

Conviene pues revisar, en su conjunto, el modelo de apoyos del Estado a los partidos políticos. Parece posible, y exento de peligros, ejercer algunas formas de disminuciones sensatas e inmediatas, como la cancelación de las llamadas franquicias postales y telegráficas, por ejemplo. Es frecuente que los partidos políticos se abstengan de utilizar buena parte de los recursos presupuestados para estos efectos. De modo que el ajuste no sólo no afectaría su capacidad de acción y comunicación políticas, sino que implicaría, sin efectos nocivos, generar ahorros pertinentes. Por estar establecidos en la ley secundaria, estos destinos presupuestales podrían ser suprimidos por la vía de un proceso legislativo bastante llano.

Al mismo tiempo, tal vez sea un buen momento para reformar razonablemente los límites de financiamiento privado, sin que ello implique inobservancia del principio de primacía del financiamiento público. Convendría, por ejemplo, estimular a los militantes para que se convirtieran nuevamente en contribuyentes significativos de los gastos de su partido. En esta línea de acción, la duplicación del monto máximo global permitido pareciera una alternativa plausible que tendría, además, otros efectos favorables para la salud de los institutos políticos, como el de la reconfiguración de las relaciones entre la dirigencia y las bases partidistas.

Una eventual reforma en esa materia debe discurrir sobre el monto y modalidades de financiamiento y debe acompañarse de un conjunto de medidas que incentiven la mejora en el desempeño de los partidos políticos.

Por supuesto, es posible y necesario disminuir el monto de recursos públicos que se destinan a los partidos políticos, pero nunca estará de más insistir en que, al hacerlo, debe preservarse el régimen de partidos políticos y las posibilidades de su mejora. La democracia lo requiere y a todos conviene.

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