No a la corrupción. Se vale ser trompudo pero no cochino

perfilRodolfo Torres Velázquez

La corrupción es un problema que preocupa de modo creciente a la sociedad, sobre todo a partir de la convicción de que en ella reside el origen de diversos males; señaladamente, el de la delincuencia organizada.

Frente a la corrupción, que tiene múltiples causas, (y de la impunidad, su usual correlativo), se han ensayado diversos antídotos, que van desde la creación de órganos y leyes que la combaten con preponderante enfoque punitivo: auditorías o contadurías mayores, contralorías o secretarías; hasta llamados al fortalecimiento de la ética pública. Sin negar utilidad a esas medidas, éstas parecen ser insuficientes; a la luz de los hechos graves de corrupción de los que cotidianamente nos enteramos.

Aunque ha sido práctica común enfocar el problema sólo en cuanto al comportamiento indebido de los funcionarios públicos, conviene ampliar el enfoque para identificar componentes estructurales, presentes en nuestra cultura política, que incentivan ese fenómeno. Para ello es útil concebir a la corrupción como el abuso de una posición de confianza en beneficio propio.

A mi juicio, una condición estructural de nuestra cultura política que favorece la corrupción es el llamado caciquismo. Aunque la figura del cacique pareciera ser cosa del pasado, el caciquismo goza de cabal salud e impregna, en diverso grado, todos los ámbitos de nuestra vida en sociedad. Su existencia tiene impacto en aspectos que están bajo vigilancia de instituciones del estado (INE, INAI y CNDH): transparencia, rendición de cuentas, corrupción, impunidad, y hasta en la propia creación de procesos democráticos.

El vocablo cacique proviene de una alteración de la palabra arawak-caribeña kassequa, que se refería a los jefes indios locales. Posteriormente, el término se amplió para referirse a un jefe poderoso y autocrático en la política local y regional, cuyo gobierno es informal, individualista y a menudo arbitrario, y cuya característica primordial es su rol de intermediación.

La fortaleza de la estructura de poder caciquil reside precisamente en el carácter monopólico que tiene el cacique en la intermediación política, entre lo local y lo global, entre lo interno y lo externo. Es la estructura caciquil, con independencia de los atributos personales de bondad o maldad del cacique, quien determina, generalmente para beneficio propio y de sus allegados, la distribución de los recursos que entran y salen de su ámbito de dominio local.

Cabe recordar que, en nuestro país, el aparato político central favoreció, en su momento, esta forma de ejercicio de poder por varias razones: el caciquismo fue, durante el proceso de centralización económico y político, de fines del siglo XIX y principios del XX, un factor importante para minar a los poderes regionales; permitió aliviar las presiones del sistema por la vía de la cooptación y la corrupción de los caciques; y fue elemento fundamental en el establecimiento del carácter clientelista del sistema político.

Esta práctica política también propicia un ejercicio feudal del poder público, que hace recordar la tradición novohispana en la que debía pagarse al rey por la ocupación de cargos públicos, de modo tal que quien lo ocupase se convertía en amo y señor de ese “territorio” y, consecuentemente, poseía la llave para proveer o transferir bienes o servicios públicos al ámbito privado. Lo que parece expresarse bien en el dicho: “Dios mío no me des, sólo ponme donde hay”.

En el combate a la corrupción, la existencia de diversas formas de cultura política también debe tomarse en cuenta. En particular, las estructuras de poder que tienen como esencia la decisión monopólica, arbitraria y autocrática en la asignación de recursos públicos.

Partidos Políticos y Candidaturas Independientes

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De modo cada vez más agudo los partidos políticos encaran la desconfianza ciudadana y, en no pocas ocasiones, su franca animadversión. Esta situación se ha vuelto más nítida en los comicios recientes en que diversos candidatos independientes, que resultaron ganadores, se presentaron como opción anti-partido. Esta aparente confrontación hace indispensable destacar características de ambos esquemas que hacen aconsejable su convivencia armónica.

Por una parte, la reforma política de 1977 reconoció a los partidos como entidades de interés público. Conviene recordar que esa reforma tuvo como motivación la debilidad del sistema político que se manifestaba en extendidos movimientos guerrilleros y en la cerrazón del sistema electoral que desembocó en la postulación de una única candidatura presidencial en la elección de 1976. Fue trascendente en la medida en que se incorporaron nuevas expresiones partidistas a la escena nacional. Es por ello virtuoso que la LEGIPE asigne al INE, como uno de sus fines, el fortalecimiento del régimen de partidos políticos.

Por otra parte, aunque formalizadas en la reforma constitucional de agosto del 2012, las candidaturas independientes se remontan a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de julio de 2009: “…los Estados deben valorar de acuerdo con su desarrollo histórico y político las medidas que permitan fortalecer los derechos políticos y la democracia, y las candidaturas independientes pueden ser uno de esos mecanismos, entre muchos otros”.

Conviene ahora tener presente la utilidad de cada uno de esos esquemas.

Los partidos políticos:

  • Facilitan a la ciudadanía su conocimiento del posicionamiento político de los candidatos; ayuda el saber a que partido está adscrito el candidato respectivo.
  • Ofrecen a candidatos ganadores un soporte político organizado durante su ejercicio.
  • Hacen viable la exigencia de responsabilidades; el elector puede ejercer un voto de castigo en la elección subsecuente por la actuación indebida de sus militantes, gobernantes o representantes.

Las Candidaturas Independientes:

  • Imponen a los partidos un entorno de exigencia.
  • Promueven la participación de más electores en los comicios.
  • Son una válvula de escape frente al eventual monopolio político de los partidos.

Si bien parece factible la convivencia de ambos esquemas, empieza a extenderse la percepción de que se busca estrechar la viabilidad de las candidaturas independientes para convertirlas en un artefacto inútil. Sobre todo a partir de las elecciones del 2015 en que un candidato independiente obtuvo una gubernatura, lo que aparentemente motivó reformas legales en diversas entidades (mismas que han merecido una sentencia de la SCJN).

En ese sentido, el dictamen del Senado para la reforma constitucional en materia de candidaturas independientes, sigue vigente: “Los partidos políticos deben seguir siendo el medio principal para el agrupamiento de la diversidad de ideas y proyectos que se presenta en una sociedad plural como la nuestra”.

No cabe duda que el modelo es perfectible. Para las candidaturas independientes son deseables mecanismos equivalentes al voto de castigo que ahora puede imponerse a los partidos, así como encontrar su nicho adecuado, dada su dificultad para contar con una red política propia y estructurada que respalde el ejercicio de su mandato. En cuanto a los propios partidos políticos, debe sopesarse el establecimiento de parámetros comunes que propicien una vida democrática sana a su interior, que los aleje del autoritarismo y de la percepción de que sus luchas intestinas sólo buscan el beneficio de individuos o grupos.

El objetivo, a fin de cuentas, es fortalecer la apreciación de que los políticos, tanto desde los partidos como desde las candidaturas independientes, están ocupados de la solución de problemas sociales, cada vez más agudos y complejos.

Balance electoral 2015. Al toro, por los cuernos.

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La casi total conclusión del proceso electoral 2015 (quedan por definir una diputación de mayoría y una de representación proporcional, que serán resueltas por la elección extraordinaria en el distrito federal 01 de Aguascalientes el próximo diciembre), ha motivado la realización de múltiples foros en los que se señala que la reforma electoral 2014 agregó una complejidad considerable a los procesos electorales.

A mi juicio, esa complejidad tiene su origen en al menos tres factores: la premura en la aprobación de la reforma; la instrumentación de las nuevas atribuciones nacionales y concurrentes entre el INE y los institutos locales; y el propio carácter de la reforma.

La aprobación de la reforma, a unos meses del inicio del proceso electoral, obligó al INE, no sólo a la apurada adecuación de su ya abultado marco procedimental y normativo, a ajustarse a un marco legal general con innovaciones importantes en casi todos los rubros de la actividad institucional, sino a la instrumentación de su propio nacimiento y de nuevos procesos que atendiesen a sus nacientes atribuciones (la unidad de lo contencioso electoral, la oficialía electoral, la vinculación con los institutos locales, la fiscalización nacional, la distritación federal y local, el servicio profesional electoral nacional, y la credencialización en el extranjero, por mencionar sólo algunos).

En adición a lo anterior, la instrumentación de atribuciones concurrentes en los ámbitos nacional y local ha añadido mayor complejidad, si cabe, además de por la novedad, por la heterogeneidad de maduración y desarrollo de los institutos locales, y por un marco legal que aún mantiene vacíos normativos y contradicciones. Conviven en nuestro país institutos locales con amplias y sólidas capacidades en materias como: fiscalización, servicio profesional electoral, educación cívica, resultados electorales preliminares y organización electoral, con otros que no cuentan siquiera con los recursos humanos, materiales y financieros indispensables para su operación permanente.

Pero quizá la mayor complejidad tiene su origen en la reformulación de atribuciones para los ámbitos nacional y locales. Cabe recordar que, con la intención manifiesta de impedir la injerencia indebida de los gobiernos de las entidades federativas en los procesos electorales locales, se concentró en el INE un cúmulo de atribuciones, que eran competencia de los institutos locales.

Es, quizá, en este último aspecto en el que la reforma electoral muestra también su mayor debilidad, pues ésta no se aprobó en el marco de una transformación del régimen político, en el que todos los actores involucrados asumiesen a plenitud el hecho de que la reforma electoral también reformula (por la puerta trasera) el federalismo mexicano.

Esa ausencia de armonía, entre lo político y lo electoral, es lo que hace parecer inviable que las autoridades electorales puedan superar, por sí mismas y con los instrumentos legales a su alcance, los retos que plantea el tenor político de la reforma. Lo anterior se hace evidente a partir del hecho de que los poderes locales ejercen mecanismos de intervención política, que no pertenecen al ámbito de la reforma electoral. Entre ellos: la determinación del presupuesto, la aprobación de leyes que impactan la operación de los institutos locales, y la posibilidad de fincar responsabilidades políticas y administrativas a los consejeros locales; por mencionar solo tres aspectos.

En suma, si se quiere transformar el pacto federal se requiere tomar al toro por los cuernos y emprender una reforma política. Aunque, hay que decirlo, en este momento las condiciones no parecen estar dadas en favor de esa reforma, para ese fin específico, ni a favor de la centralización de atribuciones.

Constitución de la Ciudad de México. Agua corriente sana a la gente.

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La oportunidad única de contar con una nueva Constitución Política de la Ciudad de México no debe desembocar en un rosario declarativo de buenas intenciones, distante de las necesidades de la gente. La Constitución debe abordar, con visión sistémica, el qué, quién y los medios, para superar los retos estratégicos que afronta esta ciudad. Es el caso del derecho al agua, previsto en el párrafo sexto (adicionado en febrero de 2012), del artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La nueva Constitución debe considerar, en primer lugar, el espacio geográfico en el que este derecho requiere cobertura. Hay en juego: 50 municipios del Estado de México, 15 de Hidalgo, 4 de Tlaxcala, y 16 demarcaciones de la Ciudad de México; es decir la región del Valle de México.

Es un reto estratégico en la medida en que, de acuerdo con estudios de la CONAGUA y del Banco Mundial, la situación de los recursos hídricos en el Valle de México es crítica, pues no es sostenible, ni eficiente, ni equitativa.

Es insostenible, en la medida en que las proyecciones al año 2030 muestran que si no se toman medidas significativas, las fuentes sostenibles actuales (45.6 m3/s) representarán sólo un 50% de la demanda futura total y se tendría un déficit de 21 m3/s.

Es ineficiente, en tanto la sobreexplotación de los acuíferos ocasiona hundimientos de entre 6 y 28 centímetros que provocan fracturas de la red de suministro que derivan en fugas por un 26% (17 m3/s), del total de agua potable, lo que produce desnivelaciones en el Metro y otras edificaciones.

Es inequitativa debido a que el 8% de población, que no tiene agua corriente, paga anualmente, para proveerse del líquido, un monto casi igual ($9,200 millones) al que paga el 92% de la población con acceso al servicio ($10,800 millones).

Para afrontar este reto, diversos grupos académicos, como el encabezado por el Dr. Oscar Monroy en la UAM Iztapalapa, y organizaciones de la sociedad defienden la urgencia de aprovechar el agua que entra a la Ciudad y al Valle de México mediante: la aplicación de amplios programas de reciclamiento de agua en los domicilios particulares y en los establecimientos públicos; la utilización de pozos de inyección; la apertura de un número suficiente de plantas de tratamiento de agua; y la regeneración de cuencas hídricas.

Lo anterior, con base en dos consideraciones. La primera, a que actualmente el porcentaje de tratamiento de aguas residuales es muy bajo: 6.1 m3/s (si se compara con el total que se alimenta de 81.9 m3/s). La segunda, a que, de acuerdo con estudios de ese grupo académico, para el caso de la Ciudad de México, ésta recibe por lluvia poco más de 45 m3/s, de los que se envían al drenaje, sin aprovechamiento local alguno, 15.29 m3/s.

Desde el Centro de Estudios de la Ciudad de México se propone que, dada la complejidad y magnitud de los riesgos estratégicos que afronta la ciudad, la nueva Constitución disponga la creación de un Consejo de Desarrollo de la Ciudad de México. Esto con el fin de que ese órgano propicie el tratamiento de ese, y otros retos estratégicos, con un enfoque sistémico, que sea sustentable y con visión de largo plazo que, además, se articule con el Consejo de Desarrollo Metropolitano, ya previsto en la Reforma Constitucional.

Este tema no puede estar ausente de la Constitución que, ciertamente, es un texto político, pero también un pacto para nuestras convivencia y supervivencia presentes y futuras.