Balance electoral 2015. Al toro, por los cuernos.

perfilRodolfo Torres Velázquez

La casi total conclusión del proceso electoral 2015 (quedan por definir una diputación de mayoría y una de representación proporcional, que serán resueltas por la elección extraordinaria en el distrito federal 01 de Aguascalientes el próximo diciembre), ha motivado la realización de múltiples foros en los que se señala que la reforma electoral 2014 agregó una complejidad considerable a los procesos electorales.

A mi juicio, esa complejidad tiene su origen en al menos tres factores: la premura en la aprobación de la reforma; la instrumentación de las nuevas atribuciones nacionales y concurrentes entre el INE y los institutos locales; y el propio carácter de la reforma.

La aprobación de la reforma, a unos meses del inicio del proceso electoral, obligó al INE, no sólo a la apurada adecuación de su ya abultado marco procedimental y normativo, a ajustarse a un marco legal general con innovaciones importantes en casi todos los rubros de la actividad institucional, sino a la instrumentación de su propio nacimiento y de nuevos procesos que atendiesen a sus nacientes atribuciones (la unidad de lo contencioso electoral, la oficialía electoral, la vinculación con los institutos locales, la fiscalización nacional, la distritación federal y local, el servicio profesional electoral nacional, y la credencialización en el extranjero, por mencionar sólo algunos).

En adición a lo anterior, la instrumentación de atribuciones concurrentes en los ámbitos nacional y local ha añadido mayor complejidad, si cabe, además de por la novedad, por la heterogeneidad de maduración y desarrollo de los institutos locales, y por un marco legal que aún mantiene vacíos normativos y contradicciones. Conviven en nuestro país institutos locales con amplias y sólidas capacidades en materias como: fiscalización, servicio profesional electoral, educación cívica, resultados electorales preliminares y organización electoral, con otros que no cuentan siquiera con los recursos humanos, materiales y financieros indispensables para su operación permanente.

Pero quizá la mayor complejidad tiene su origen en la reformulación de atribuciones para los ámbitos nacional y locales. Cabe recordar que, con la intención manifiesta de impedir la injerencia indebida de los gobiernos de las entidades federativas en los procesos electorales locales, se concentró en el INE un cúmulo de atribuciones, que eran competencia de los institutos locales.

Es, quizá, en este último aspecto en el que la reforma electoral muestra también su mayor debilidad, pues ésta no se aprobó en el marco de una transformación del régimen político, en el que todos los actores involucrados asumiesen a plenitud el hecho de que la reforma electoral también reformula (por la puerta trasera) el federalismo mexicano.

Esa ausencia de armonía, entre lo político y lo electoral, es lo que hace parecer inviable que las autoridades electorales puedan superar, por sí mismas y con los instrumentos legales a su alcance, los retos que plantea el tenor político de la reforma. Lo anterior se hace evidente a partir del hecho de que los poderes locales ejercen mecanismos de intervención política, que no pertenecen al ámbito de la reforma electoral. Entre ellos: la determinación del presupuesto, la aprobación de leyes que impactan la operación de los institutos locales, y la posibilidad de fincar responsabilidades políticas y administrativas a los consejeros locales; por mencionar solo tres aspectos.

En suma, si se quiere transformar el pacto federal se requiere tomar al toro por los cuernos y emprender una reforma política. Aunque, hay que decirlo, en este momento las condiciones no parecen estar dadas en favor de esa reforma, para ese fin específico, ni a favor de la centralización de atribuciones.

Constitución de la Ciudad de México. Agua corriente sana a la gente.

perfilRodolfo Torres Velázquez

La oportunidad única de contar con una nueva Constitución Política de la Ciudad de México no debe desembocar en un rosario declarativo de buenas intenciones, distante de las necesidades de la gente. La Constitución debe abordar, con visión sistémica, el qué, quién y los medios, para superar los retos estratégicos que afronta esta ciudad. Es el caso del derecho al agua, previsto en el párrafo sexto (adicionado en febrero de 2012), del artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La nueva Constitución debe considerar, en primer lugar, el espacio geográfico en el que este derecho requiere cobertura. Hay en juego: 50 municipios del Estado de México, 15 de Hidalgo, 4 de Tlaxcala, y 16 demarcaciones de la Ciudad de México; es decir la región del Valle de México.

Es un reto estratégico en la medida en que, de acuerdo con estudios de la CONAGUA y del Banco Mundial, la situación de los recursos hídricos en el Valle de México es crítica, pues no es sostenible, ni eficiente, ni equitativa.

Es insostenible, en la medida en que las proyecciones al año 2030 muestran que si no se toman medidas significativas, las fuentes sostenibles actuales (45.6 m3/s) representarán sólo un 50% de la demanda futura total y se tendría un déficit de 21 m3/s.

Es ineficiente, en tanto la sobreexplotación de los acuíferos ocasiona hundimientos de entre 6 y 28 centímetros que provocan fracturas de la red de suministro que derivan en fugas por un 26% (17 m3/s), del total de agua potable, lo que produce desnivelaciones en el Metro y otras edificaciones.

Es inequitativa debido a que el 8% de población, que no tiene agua corriente, paga anualmente, para proveerse del líquido, un monto casi igual ($9,200 millones) al que paga el 92% de la población con acceso al servicio ($10,800 millones).

Para afrontar este reto, diversos grupos académicos, como el encabezado por el Dr. Oscar Monroy en la UAM Iztapalapa, y organizaciones de la sociedad defienden la urgencia de aprovechar el agua que entra a la Ciudad y al Valle de México mediante: la aplicación de amplios programas de reciclamiento de agua en los domicilios particulares y en los establecimientos públicos; la utilización de pozos de inyección; la apertura de un número suficiente de plantas de tratamiento de agua; y la regeneración de cuencas hídricas.

Lo anterior, con base en dos consideraciones. La primera, a que actualmente el porcentaje de tratamiento de aguas residuales es muy bajo: 6.1 m3/s (si se compara con el total que se alimenta de 81.9 m3/s). La segunda, a que, de acuerdo con estudios de ese grupo académico, para el caso de la Ciudad de México, ésta recibe por lluvia poco más de 45 m3/s, de los que se envían al drenaje, sin aprovechamiento local alguno, 15.29 m3/s.

Desde el Centro de Estudios de la Ciudad de México se propone que, dada la complejidad y magnitud de los riesgos estratégicos que afronta la ciudad, la nueva Constitución disponga la creación de un Consejo de Desarrollo de la Ciudad de México. Esto con el fin de que ese órgano propicie el tratamiento de ese, y otros retos estratégicos, con un enfoque sistémico, que sea sustentable y con visión de largo plazo que, además, se articule con el Consejo de Desarrollo Metropolitano, ya previsto en la Reforma Constitucional.

Este tema no puede estar ausente de la Constitución que, ciertamente, es un texto político, pero también un pacto para nuestras convivencia y supervivencia presentes y futuras.

Constitución Política de la Ciudad de México Cada chango a su mecate

 

perfilRodolfo Torres Velázquez

Las premisas que impone la Reforma Política Constitucional (RPC) para la elaboración de la Constitución Política de la Ciudad de México (CPCM) apuntan en dos sentidos que amenazan con volverse contrapuestos. El primero, incentiva la dispersión del poder político. El segundo, favorece un enfoque integral para la atención de los retos estratégicos de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México.

En el primer sentido, la RPC incentiva la dispersión en dos espacios: en las demarcaciones territoriales y en la Legislatura de la Ciudad de México. En el primer espacio dispone que en cada demarcación habrá un Alcalde y un Concejo integrado por entre 10 y 15 miembros. Los integrantes del Concejo serán electos en un 60 porciento por mayoría relativa y en 40 porciento por representación proporcional. Dispone –y en ello radica el incentivo a la dispersión del poder- que ningún partido político o coalición podrá contar con más del 60 porciento de los concejales. Ello contrasta con lo dispuesto en la propia RPC que establece que: en ningún caso, un partido político podrá contar con un número de curules superior al que, sumados los diputados electos por ambos principios, represente -en el total de la legislatura- un porcentaje que exceda más de 8 puntos su porcentaje de votación emitida. Por lo que se refiere al espacio legislativo, establece que la Constitución local deberá garantizar el acceso de todos los grupos parlamentarios a la presidencia y órganos de gobierno de la Legislatura (se entiende que sin importar su grado de representación política).

En cuanto se refiere al segundo sentido, debe tenerse presente que la ciudad de México (y la zona metropolitana de la que es núcleo), como toda gran urbe, afronta riesgos estratégicos para asegurar su viabilidad en: asentamientos humanos, protección al ambiente, protección y restauración del equilibrio ecológico, transporte, tránsito, agua potable y drenaje, recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos, y seguridad pública. Esos riesgos, para ser superados con éxito, ameritan enfoques integrales que demandan el acopio de extraordinarios volúmenes de recursos financieros, y elevados consensos políticos y sociales. En ese sentido, la RPC establece que la federación, la ciudad, sus demarcaciones, estados y municipios establecerán mecanismos de coordinación administrativa en materia de planeación del desarrollo y ejecución de acciones regionales para la prestación de servicios públicos. Instituye que es el Consejo de Desarrollo Metropolitano el encargado de acordar acciones en las materias referidas.

Actualmente los Congresos de los Estados discuten la RPC y, de ser aprobada, contaremos con una CPCM a más tardar el 31 de enero del 2017. En la elaboración y aprobación de esa Constitución, y de sus leyes reglamentarias, participarán tres actores políticos: el Jefe de Gobierno, quien deberá elaborar el proyecto de Constitución; la Asamblea Constituyente, integrada por 100 miembros –la elección de 60 de ellos la organizará el INE-, que sin limitación podrá modificar y adicionar el proyecto para su aprobación y expedición, y; la actual Asamblea Legislativa, quien elaborará y aprobará la normatividad secundaria.

Esos actores políticos tienen la gran oportunidad de dotar a la Ciudad de México de un marco normativo de vanguardia. También tienen la grave responsabilidad de favorecer la sustentabilidad de la Ciudad de México. Para conseguirlo, es imperativa la adecuada armonización de los ámbitos de atribución de los órganos de gobierno en las demarcaciones, que deberán tener la misión primordial de fortalecer el tejido social, con los del gobierno central. A ambos corresponde velar por un enfoque integral en la solución de los retos estratégicos de la Ciudad de México.