Indispensable una reforma electoral.

La reforma político-electoral del 2014, que fue el marco normativo bajo el que se desarrollaron las elecciones federales del 2015 y 2018 (y las locales de 2016 y 2017) hace agua por todos lados. Centralizó múltiples funciones en el INE con el propósito de: reducir el costo de las elecciones, inhibir la intervención indebida de gobiernos locales en los procesos electorales, y simplificar su organización mediante la “casilla única”. Ninguno de esos propósitos se ha cumplido. A cambio, padecemos un entramado normativo complejo e ineficaz. Ejemplos, hay muchos. El más reciente, a propósito de la revocación de la multa a Morena.

Como se sabe el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó por unanimidad, la noche del pasado viernes, que no existían pruebas suficientes respecto al uso del financiamiento público de Morena, ni de recursos partidistas, en el Fideicomiso “Por los demás”, para apoyar a los afectados del sismo, como lo acusó el Instituto Nacional Electoral. En consecuencia, revocó la resolución del INE, que multaba a Morena con 197 millones de pesos.

Cabe recordar que, por disposición constitucional y legal, corresponde al INE vigilar, de manera exhaustiva, el origen, monto y destino de todos los recursos, públicos y privados, con que cuenten los partidos políticos y candidatos. Debe hacerlo para garantizar que en los procesos electorales no se influya de manera indebida, ni se trastoque el principio de equidad en la contienda.

La sentencia del Tribunal señala que la investigación del INE fue insuficiente, pues no se investigó de manera integral el origen y la aplicación de los recursos denunciados. Argumenta, además, que esa investigación integral resultaba indispensable para acreditar el nexo entre el infractor y los hechos a sancionar (cuya prueba recae en el INE).

Es con base en esos contundentes argumentos (y otros, que por razones de espacio no se anotan), que el Tribunal revoca, lisa y llanamente la multa referida.

Se ha afirmado que, si la resolución del INE no era exhaustiva, debió haberse regresado el expediente para mejorar su integración. Sin embargo, y en ello radica la deficiencia de la norma, en el caso presente el INE no sólo actúa como autoridad instructora (en un equivalente de ministerio público), sino que también actúa como juzgador, al emitir la resolución del caso.

El argumento del Tribunal para no devolverlo me parece cuestionable, pues alude sólo a la facultad instructora del INE, al señalar que “no es conforme a Derecho permitir nuevamente y de forma reiterada el ejercicio de facultades de investigación respecto de los mismos hechos”. Omitió pronunciarse respecto a la vertiente juzgadora del INE (lo que le hubiese conducido a razonar respecto al riesgo de juzgar en dos ocasiones por la misma causa; principio non bis in ídem).

Pero más allá del caso particular, este asunto tiene su origen en un deficiente marco normativo, plagado de redundancias y excesos, en, al menos, dos temas sustantivos: el primero en materia de fiscalización, que la tornan ineficaz y, el segundo, en cuanto a los diversos procedimientos sancionatorios, que aún lleva a cabo actualmente el INE, y que correspondería atender en exclusiva a las autoridades jurisdiccionales.

 

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