La designación de los consejeros de los Organismos Públicos Locales Electorales

RODOLFO TORRES VELÁZQUEZ

En nota previa (periódico La Razón de fecha 26 de septiembre del 2014) se argumentó que la tensión periferia-centro ha dominado por un largo periodo los procesos políticos nacionales y ha impactado negativamente la estabilidad política nacional. También se señaló que está latente el riesgo de que la reforma política electoral 2013-2014 nos inserte en esas tensiones debido a la reformulación apresurada de atribuciones locales y nacionales.

La presente entrega se ocupa de analizar dicha reforma en cuanto al proceso de designación de los consejeros de los Organismos Públicos Locales Electorales. Esta cuestión es relevante, pues atañe tanto a las tensiones referidas como a la propia naturaleza de los órganos autónomos. El análisis se hará desde la vertiente de legitimidad; bajo la asunción de que la estabilidad política se define principalmente por las dimensiones de legitimidad y eficacia.

Es sabido que hasta antes de la reforma 2013-2014 la designación de consejeros locales se llevaba a cabo por los 31 Congresos locales y por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Eran los partidos políticos, a través de sus fracciones parlamentarias, quienes procesaban esos acuerdos. Lo hacían desde una óptica política, tratando de preservar al máximo sus respectivos intereses —aunque hay que decir que también se atendía la opinión de otros actores políticos locales, entre ellos la del jefe del Poder Ejecutivo local, opinión que era predominante—, el resultado final era una suerte de equilibrio partidista en que la fuerza preponderante obtenía el mayor número de puestos en el consejo del órgano electoral. A eso se conoció como reparto de cuotas y generó la sensación de que los órganos resultantes carecían de legitimidad social.

Dichos procesos de negociación se hicieron más agudos por al menos dos causas. La primera, con origen en la propia naturaleza de los partidos cuyo objetivo final, legal y legítimo es el acceso al poder público. Ello les hace buscar de modo constante el mayor rédito político. Pero algunos partidos, con progresivo acortamiento de miras, han llegado al extremo de exigir equilibrios partidarios aun en espacios en los que no corresponde; es el caso de los órganos de Estado Autónomos encargados de la organización de los comicios. La segunda provino de la constatación de que la actuación de la autoridad electoral tiene un impacto político de magnitud diversa que afecta directamente a los intereses de los partidos, a veces fuertemente. Tal fue el caso de Pemexgate y Amigos de Fox con motivo de la elección presidencial del año 2000. Esa creciente hostilidad en los procesos de negociación derivó, en no pocas ocasiones, en que los tribunales electorales tuvieran que designar a los consejeros locales.

Cabe recordar que durante los debates de la reforma 2013-2014, de acusado enfoque centralista, se argumentó que ésta fortalecería la equidad por la vía de inhibir la injerencia indebida de los poderes locales, tanto en la integración de los consejos de las autoridades electorales como en la organización y desarrollo de los propios comicios, y que por ello era urgente quitar a los Congresos locales la atribución de designación y darla al INE.

Con base en la reforma 2013-2014 el INE ha ejecutado el proceso de designación de consejeros locales con la intención de dotar de legitimidad social a quienes resulten designados. Se establecieron etapas para asegurar candidatos con parámetros mínimos de competencia: un examen de conocimientos y el desarrollo de un ensayo presencial. La lista de candidatos a entrevistar se puso a consideración de los partidos políticos, cuyos juicios fueron ponderados en función de su objetividad. Durante el proceso de designación, diversos aspirantes y otros actores presentaron recursos legales. En todos los casos la autoridad competente dio respuesta a cada uno de los recursos. Finalmente, los resultados de cada etapa fueron sometidos al escrutinio público. Sin embargo, el desenlace en la conformación de los consejos de los órganos locales generó descontento en algunos partidos cuya intensidad hace recordar tiempos que parecían superados.

No será difícil que las condiciones apuntadas nos conduzcan a extremos adversos, a saber: incentivar la búsqueda por parte de algunos partidos de espacios centrales de negociación para la conformación de consejos locales —que no sería el INE, pues éste afortunadamente carece de atribuciones para propiciar equilibrios partidistas en dicha integración—, lo que además ahondaría la propia centralización partidista; y la erosión constante de la legitimidad de esos órganos electorales, susceptibles de acoso por quienes, desde los partidos y otros poderes políticos locales, se sientan agraviados por la conformación de esos órganos.

La reforma que viene debe hacerse cargo de establecer mecanismos que fortalezcan la autonomía de los órganos electorales alejándolos de disputas partidistas en la conformación de sus consejos y que eviten una centralización desmedida de la política nacional.

En la próxima entrega profundizaremos en el análisis de las condiciones de estabilidad en el cargo de los consejeros en los órganos públicos locales electorales.

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