La responsabilidad de gobernar.

Con motivo del inminente cambio de gobierno, que ocurrirá el primero de diciembre próximo, y de las acciones que anuncia realizará durante su mandato, conviene reflexionar respecto a la responsabilidad de todo gobierno por velar por el interés general.

Las acciones de gobierno, para bien y para mal, son de efecto prolongado. Los resultados de las acciones acertadas suelen perdurar aún después de muchos años. Los que devienen de decisiones equivocadas suelen padecerse, por décadas. Ello no es casual, pues se inducen alteraciones en un cuerpo social altamente complejo que las tornan de dilatada digestión.

La aceptación de esa realidad debiera conducir a los gobiernos a un desempeño no sólo prudente y sensato, sino a contar, en todos los casos, con la información pertinente y suficiente que le permita ponderar las inevitables consecuencias de su actuar. El mayor daño que un gobierno puede infligir a una sociedad es la puesta en práctica de ideas cuando no se han valorado sus consecuencias.

Pero este enfoque, basado en el análisis de consecuencias, no es de sencilla aplicación. Juegan en su contra diversos factores.

El primero de ellos, se debe a que diversos gobiernos han mostrado una clara preferencia por acciones que tengan resultados positivos inmediatos sin analizar si sus efectos serán perjudiciales en el largo plazo. A la vez, muestran menosprecio por aquellas medidas que pudieran tener potenciales efectos benéficos que sólo fuesen percibidos con posterioridad a la conclusión de subejercicio de gobierno.

El segundo, que es el recurso más socorrido, consiste en que el resultado de las acciones de gobierno proviene únicamente de un proceso de negociación política, sin importar sus efectos. Ello no quiere decir que los factores políticos específicos no deban tomarse en cuenta, significa que no deben ser los elementos predominantes; éstos también pueden, y deben, subordinarse al interés general.

El tercero y de mayor impacto, tiene que ver con la frecuente incomprensión gubernamental respecto de los factores que intervienen en los temas en cuestión y de la forma en que éstos interactúan. Generalmente no se hace un análisis cuidadoso, desde múltiples perspectivas, de la información relevante. Es hasta ahora habitual la escasa voluntad para anteponer el interés público frente al interés particular, y es usual la falta de aplicación de los instrumentos que la ley otorga para hacer efectivas esas condiciones.

Esta reflexión viene al caso, además, con motivo del anuncio de que se realizará una consulta pública para determinar el destino del Aeropuerto Internacional. Sin lugar a dudas, todo ejercicio de consulta, que tenga como finalidad conocer el pulso social respecto a temas que le atañen, es bienvenido.

Aunque, cabe advertir, una consulta pública, en cualquier formato, no atenúa la responsabilidad de gobierno, mucho menos la exime. Las responsabilidades en el ejercicio del poder público no son transferibles.

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