Multa a Morena y Transición.

Rodolfo Torres

 

Vale más medir y remedir, que cortar y arrepentir

La reciente resolución del Instituto Nacional Electoral (INE), que multa a Morena con 197 millones de pesos por la operación de un fideicomiso encabezado por militantes y simpatizantes de ese partido en apoyo a damnificados del sismo, puede influir en el proceso actual de transición.

Los pronunciamientos de los contendientes en la jornada del primero de julio pasado, reconociendo al triunfador de las elecciones presidenciales, tan pronto cerraron las casillas en todo el país, así como las expresadas por el presidente de la República, en el mismo sentido, alrededor de la media noche de ese día, alentaron la expectativa de una tersa transición política.

Esa esperanza se vio fortalecida por un mesurado y conciliador discurso de aceptación del triunfo, por el expedito reconocimiento expresado por el presidente de los Estados Unidos, una hora antes de que se dieran a conocer los resultados de los conteos rápidos elaborados por el INE, y por la cascada de reconocimientos, al día siguiente, de un gran número de mandatarios de otros países.

La reunión en Palacio Nacional, al martes siguiente de la elección, entre el presidente Enrique Peña Nieto con Andrés Manuel López Obrador, candidato con el mayor número de votos en la elección, para establecer las bases de la transición de gobierno, enviaron el saludable mensaje de que ese cambio ocurriría sin sobresaltos. Los mercados financieros tomaron debida nota y, los signos vitales financieros no se han visto afectados por ese cambio de gobierno.

Esa fluidez lucía más notable dada la aspereza y virulencia en la que se desenvolvieron las campañas electorales que hacían anticipar un agudo conflicto el día después.

Las transiciones tersas no sólo son deseables por la atenuación de una crisis que pudiera derivar en episodios de violencia. Lo son ahora, en mayor medida, dado el entorno externo de fragilidad y volatilidad en que nos encontramos.

La guerra comercial desatada por el presidente Donald Trump contra sus principales socios comerciales, entre ellos México, Europa y China, amenaza el crecimiento de la economía mundial, pues debilita la confianza de los inversores que no alcanzan a calibrar, por el momento, el tenor de la naciente confrontación cuya capacidad potencial para reconfigurar el mapa económico y político global es evidente. Para nuestro país, los vaivenes en la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte vuelven precaria la estimación de nuestros indicadores económicos. A ello hay que sumar la variabilidad en los precios del petróleo (debido a la inestabilidad en Venezuela y al acrecentado conflicto de Estados Unidos con Irán). La suma de esos factores hará más incierta la formulación del presupuesto federal para el año 2019.

A pesar de los iniciales signos de tersura, es evidente que, dada la profundidad de cambio que podría representar la elección de un presidente que no proviene de las filas de la élite política que ha gobernado por décadas a nuestro país, no todo será miel sobre hojuelas.

No es de extrañar, por tanto, que como parte de ese proceso de reacomodo, quienes ahora se podrían ver desplazados de los múltiples y diversos espacios desde los que se ejerce el poder, lancen desafíos que los hagan presentes, y se tome nota de su fuerza para alcanzar un pacto que los mantenga a flote durante esta gestión de gobierno o, en el peor de los casos, vender cara su derrota. El cómo se pacten esos desafíos marcará, en buena medida, el rumbo que tomará el nuevo gobierno.

Es por ello preocupante que la reciente resolución del INE en contra del partido Morena y de su entonces presidente del Comité Ejecutivo Nacional Andrés Manuel López Obrador, se pudiera enmarcar en ese contexto. Morena sostiene que se trata de un embate político pues, además de negar validez a la resolución, señala dos elementos adicionales. El primero, en la intencionalidad, recogida en medios de prensa nacionales, de desahogar ese expediente justo en los días previos a la jornada electoral con el afán de afectar sus eventuales triunfos electorales. El segundo, en la filtración del expediente a los medios de comunicación, antes de ser conocido por el consejo general del INE —que es la autoridad facultada para resolverlo—, con el propósito de inducir un linchamiento mediático.

El INE, por su parte, ha acudido a los medios de comunicación (radio, televisión, prensa y redes sociales) para difundir su resolución y para argumentar que su acuerdo tiene un sólido cúmulo de pruebas, que es legal y que con ello cumple cabalmente con su función fiscalizadora.

Más allá del abultado monto de la multa (que de acuerdo con la resolución sería pagado mensualmente con cargo al financiamiento ordinario que le corresponde a ese partido), lo cierto es que, aún sin haberse resuelto en tribunales, el caso se ha utilizado para demeritar la autoridad moral del nuevo gobierno que se ha propuesto combatir la corrupción y la impunidad.

Una vez superada la guerra mediática, las delicadas y graves consecuencias políticas que pudiera tener este asunto ameritan tanto del nuevo gobierno, de los actores políticos relevantes, como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), una actuación prudente y responsable. Una vez recibida la correspondiente impugnación, el TEPJF deberá actuar, además, con elevada minuciosidad y calidad técnica. Un tratamiento frívolo podría tener repercusiones políticas lesivas, mismas que creíamos superadas desde la constatación del apabullante número de votos emitidos a favor del candidato ganador.




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