Planes a prueba

El domingo pasado el presidente electo declaró que el país lleva 30 años en bancarrota (producto de políticas neoliberales) por lo que, explicó, quizá no pueda atender todas las demandas, aunque, enfatizó, cumplirá todos sus compromisos. Esa declaración levantó una polvareda que aún no se asienta, y que ameritó una precisión posterior en el sentido de que México vive una profunda crisis que se manifiesta en pobreza, inseguridad y violencia. Pero ese evento revela un trasfondo inquietante, pues no sólo cuestiona la viabilidad de reorientar a plenitud el gasto público, sino que, además, nos lleva a reflexionar respecto a las posibilidades reales de transformar la esencia de las políticas públicas actuales.

En el ámbito presupuestal, aunque puede suponerse que la causa principal sea que el nuevo gobierno aún no comienza su ejercicio y que, en consecuencia, la formulación del presupuesto corre a cargo de la autoridad hacendaria del gobierno saliente, lo cierto es que el margen de maniobra, para los ajustes presupuestales, parece severamente constreñido.

Así lo apunta el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) quien ha señalado que el presupuesto gubernamental 2019 tiene, de inicio, comprometidos ocho de cada diez pesos. La mayor parte para el pago del servicio de la deuda, las participaciones a entidades federativas, pensiones y nóminas. Esas erogaciones se consideran ineludibles. Si a ello agregamos el compromiso, expresado por el nuevo gobierno, de que mantendrá finanzas públicas sanas y será vigilante de que los indicadores macroeconómicos se mantengan en márgenes positivos, nos lleva a suponer que no habrá desequilibrios fiscales, ni más impuestos, ni más deuda. En consecuencia, para el próximo año, sólo se podrá reorientar el 20 por ciento del presupuesto.

Pero ese reducido margen de maniobra no sólo se manifiesta en la configuración del presupuesto. Cabe recordar que, desde 1985, se ha impuesto en México (y en el mundo) un proceso continuo de adelgazamiento del gobierno que ha reducido notablemente su capacidad para atender las necesidades sociales. Además, en términos de la economía interna, los efectos del presupuesto público en la economía han menguado progresiva y sustancialmente. De acuerdo con cifras del INEGI, la participación del sector público en la producción bruta total en 2011 fue del 18.5 por ciento, para 2016 bajó al 13.7 por ciento.

A lo anterior hay que sumar la influencia, muchas veces definitoria, que, desde antaño, tienen otros estamentos en la determinación de políticas públicas: iglesias, ejército, empresarios, medios de comunicación, feudos regionales y jueces.

El debate actual sobre el presupuesto es sólo un anticipo de las refriegas que se vislumbran en el horizonte y que pondrán constantemente a prueba la capacidad y la voluntad del nuevo gobierno para llevar a la práctica sus planes y propuestas.

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