Transición bajo fuego.

Rodolfo Torres Velázquez

Las transiciones tersas no sólo son deseables por la atenuación de una crisis que pudiera derivar en episodios de violencia. Lo son, en mayor medida, cuando se afronta un entorno frágil y volátil.

La guerra comercial desatada por el presidente Donald Trump contra México, Canadá, Europa y China, amenaza el crecimiento de la economía mundial y tiene capacidad potencial para reconfigurar el mapa económico y político global.

El reconocimiento, por los contendientes, del triunfador de las elecciones presidenciales, tan pronto cerraron las casillas en todo el país, así como el expresado por el presidente de la República, alentaron la expectativa de una tersa transición política.

Esa esperanza se vio fortalecida por un mesurado y conciliador discurso de aceptación del triunfo y por el expedito reconocimiento del presidente de los Estados Unidos, una hora antes de que se dieran a conocer los resultados de los conteos rápidos elaborados por el INE.

La reunión en Palacio Nacional, al martes siguiente de la elección, entre el presidente Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, para establecer las bases de la transición de gobierno, enviaron el saludable mensaje de que ese cambio ocurriría sin sobresaltos.

Esa fluidez lucía más notable dada la aspereza y virulencia en la que se desenvolvieron las campañas electorales que hacían anticipar un agudo conflicto poselectoral.

A pesar de los iniciales signos de tersura, es evidente que, dada la profundidad de cambio que podría representar la elección de un presidente que no proviene de las filas de la élite política que ha gobernado por décadas a nuestro país, no todo será miel sobre hojuelas.

No es de extrañar que quienes se podrían ver desplazados de los múltiples y diversos espacios desde los que se ejerce el poder, lancen desafíos que los hagan presentes, y se tome nota de su fuerza para alcanzar un pacto que los mantenga a flote durante esta gestión de gobierno. Así, hemos sido testigos de diversos intentos por torpedear las muestras de buena voluntad entre los gobiernos saliente y entrante.

Es por ello preocupante que la reciente resolución del INE en contra del partido Morena se pudiera enmarcar en ese contexto. Morena sostiene que se trata de un embate político pues, además de negar validez a la resolución, señala dos elementos adicionales. El primero, en la intencionalidad, recogida en medios de prensa nacionales, de desahogar ese expediente justo en los días previos a la jornada electoral con el afán de afectar sus eventuales triunfos electorales. El segundo, en la filtración del expediente a los medios de comunicación, antes de ser conocido por el consejo general del INE -que es la autoridad facultada para resolverlo-, con el propósito de inducir un linchamiento mediático.

El INE, por su parte, ha acudido a los medios de comunicación (radio, televisión, prensa y redes sociales) para difundir su resolución y para argumentar que su acuerdo tiene un sólido cúmulo de pruebas, que es legal y que con ello cumple cabalmente con su función fiscalizadora.

Más allá del abultado monto de la multa (que de acuerdo con la resolución sería pagado mensualmente con cargo al financiamiento ordinario que le corresponde a ese partido), lo cierto es que, aún sin haberse resuelto en tribunales, el caso se ha utilizado para demeritar la autoridad moral del nuevo gobierno que se ha propuesto combatir la corrupción y la impunidad.

El Tribunal electoral debe inhibirse de un tratamiento frívolo de la impugnación que ha presentado Morena, pues, de no hacerlo, podría producir repercusiones políticas lesivas. Conviene recordar que el fin superior de las autoridades electorales es garantizar la transmisión pacífica del poder público.

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