Voto secreto y libre: la mula no era arisca

RODOLFO TORRES VELÁZQUEZ

Hay quienes han planteado que si todos supiéramos por quien votó cada ciudadano —es decir si el voto fuese público en vez de secreto— se evitaría el fraude a la hora de contar los votos. El planteamiento es interesante por dos razones. La primera, porque poner en duda —de modo fatalista— la credibilidad de las autoridades electorales, genera cuestionamientos sobre la secrecía del voto. La segunda, porque llama nuestra atención respecto del vínculo que existe entre la libertad del voto y la confianza en la institucionalidad electoral. Me explico.

¿Por qué debe ser secreto el voto? Debe serlo, primero, para impedir que se denigre al votante que haya escogido una opción diversa a la que haya elegido la mayoría en su comunidad. Segundo, para impedir la presión que pueda ejercer el entorno familiar, laboral, escolar o religioso. Finalmente, para proteger al elector frente a un poder autoritario que, al conocer el sentido opositor de su voto, lo castigue.

En democracia, es indispensable garantizar que todo ciudadano, con independencia de su estrato socioeconómico, nivel educativo o sexo, pueda elegir a sus gobiernos mediante la celebración de elecciones libres y equitativas. Esto conlleva la obligación del Estado de garantizar que no se ejercerá coacción alguna sobre el elector al momento de votar por la opción que haya considerado más satisfactoria de la oferta política. Para votar en libertad es indispensable que el voto sea secreto; lo contrario equivaldría a debilitar uno de los soportes fundamentales del régimen democrático representativo.

Reitero, que voto secreto significa que nadie pueda observar al elector al momento en que ejerce su derecho al voto. La precisión es importante pues quienes, por ejemplo, abogan por el voto por Internet argumentan que, bajo ese mecanismo, al ser anónimo frente a la autoridad electoral, el voto cumple con el requisito de secrecía. Eso es falso, pues de lo que se trata es que el vínculo entre el sentido del voto y el emisor del mismo sea secreto frente a todos, no sólo de cara a la autoridad electoral.

Este contraste, entre secrecía y anonimato, permite observar que si el voto es secreto imposibilita de facto que alguien conozca el sentido del voto ciudadano, pues al no ser observado por nadie, se inhiben las condiciones para que la decisión del elector pueda estar orientada por un tercero. Por el contrario, cuando el voto sólo es anónimo ante la autoridad electoral, no se ofrecen las condiciones suficientes para inhibir la posibilidad de que un tercero coaccione al elector al momento de su decisión, dado que no se garantiza que en el momento de ejercer  su derecho a votar, el elector no sea observado.

El segundo argumento nos permite insistir en la relevancia que tiene, para el sistema democrático, la credibilidad en las autoridades electorales. Es un hecho que el elector, después de haber depositado su voto, sólo puede acudir a la confianza en la autoridad electoral de que su voto será contado efectivamente. Ello queda de manifiesto, en uno de los momentos cruciales de los procesos electorales: el de la declaración del triunfador. En ese punto, la autoridad electoral debe hacer verosímil que el voto se ha ejercido de modo universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible, como lo establecen la fracción I del artículo 41 constitucional y el artículo 7 numeral 2 de la LGIPE. También debe demostrar, con toda legitimidad, que los triunfos y derrotas han ocurrido del modo en que lo declaran. No basta con señalar que la suma de los votos plasmados en las actas favorece a determinado candidato; no es tampoco suficiente el reconteo de votos; es indispensable que la autoridad cuente con todos los elementos necesarios y suficientes para acreditar que, a lo largo del proceso, se ha actuado con apego a lo dispuesto por la ley y que el sufragio ha sido efectivo.

Por otra parte, una baja o nula credibilidad de las autoridades electorales tiene un impacto negativo en la decisión del elector para acudir a las urnas o abstenerse. Así lo muestra el Informe País sobre la calidad de la ciudadanía en México, publicado por el Instituto Nacional Electoral (INE), cuando afirma que “la confianza en la autoridad electoral tiene un efecto positivo sobre la participación electoral”. Es plausible, en consecuencia, afirmar que la credibilidad y confianza en las autoridades electorales son factores que impactan directamente en la decisión del elector para acudir a votar.

Finalmente, creer en la validez de los resultados electorales es, también, creer en la legitimidad de las autoridades electas.

En conclusión, la desconfianza en la autoridad electoral puede erosionar la convicción respecto de la importancia de votar en libertad. Por ello, debemos acrecentar su credibilidad; también para que el voto siga siendo secreto y libre.

Posdata. Este 2 de diciembre presentaré mi libro El voto en democracia: presente y futuro, en el marco de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara. La cita es en el Salón B del Área Internacional de la Expo Guadalajara, a las 11:00 horas. Con el afán de despertar su interés, el libro aborda, entre otros temas, el relativo a las dificultades que ofrece el voto por Internet para preservar  la secrecía y libertad del voto.

 

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Columna publicada en Crónica

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